La regularización extraordinaria de personas migrantes ha vuelto a retratar al Partido Popular. No por el contenido de la medida, sino por la descomposición de su discurso. Alberto Núñez Feijóo acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de fomentar el “efecto llamada”, de “alterar el censo electoral” e incluso de actuar fuera de la legalidad europea. Todo es falso. Y lo sabe. Porque su propio partido hizo exactamente lo mismo cuando gobernó y porque los datos, la ley y la experiencia desmienten cada una de sus acusaciones.
Regularizar no es abrir fronteras ni premiar la ilegalidad. Es poner orden donde hoy hay explotación, economía sumergida y vulneración sistemática de derechos. Es una política pública que han aplicado todos los gobiernos, también los del PP, y que hoy cuenta incluso con el respaldo explícito de la Conferencia Episcopal. La diferencia es que ahora Feijóo ha decidido sacrificar la verdad en el altar de la competición con Vox.
La regularización aprobada por el Gobierno no es masiva ni indiscriminada, como repite la derecha. Es limitada, con condiciones estrictas y plazos definidos. Afecta a personas que ya viven en España, muchas desde hace años, y exige acreditar una permanencia mínima, carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público. La autorización es temporal y está vinculada al empleo. Regularización y trabajo van de la mano porque solo así hay derechos, control y convivencia.
Pese a ello, Feijóo ha optado por el bulo. Asegurar que la regularización pretende “alterar el censo electoral” es una mentira consciente. Para votar se exige la nacionalidad española. La regularización no da derecho al voto ni convierte a nadie en ciudadano. Decir lo contrario no es ignorancia: es intoxicación deliberada.
También es falso que la medida sea ilegal o contraria al derecho europeo. Bruselas ha sido tajante: la regularización de personas que ya están en el país es competencia exclusiva del Estado. El comisario europeo de Migraciones lo ha explicado con claridad, desmontando el intento del PP y de Vox de internacionalizar un conflicto que no existe. La Unión Europea no solo no la prohíbe, sino que reconoce la capacidad de los Estados para buscar vías legales frente a la inmigración irregular.
Pero la mayor contradicción del PP no está en Bruselas, sino en su propia hemeroteca. Cuando gobernó José María Aznar, el PP impulsó dos regularizaciones (2000 y 2001) que beneficiaron a más de 500.000 personas. Y nadie hablaba entonces de invasiones, de colapso de servicios públicos ni de fraude democrático. Miguel Ángel Rodríguez, hoy jefe de gabinete de Ayuso, defendió aquellas regularizaciones. Y Mariano Rajoy, como vicepresidente, las justificó con un discurso que hoy sonroja a Feijóo.
Rajoy defendió que los inmigrantes debían “tener un puesto de trabajo, cotizar a la Seguridad Social, tener asistencia sanitaria, educación y ejercer todos sus derechos”. Hablaba de sensatez, de equilibrio y de dignidad. Recordaba que España había sido un país de emigrantes y que debía ser un país de acogida. No era una excentricidad progresista: era política de Estado.
Incluso en los años noventa, diputados del PP alertaban contra la xenofobia y rechazaban levantar “murallas” frente a la inmigración. Esa derecha sabía que regularizar era gestionar la realidad, no negarla. Lo que ha cambiado no son los datos ni los flujos migratorios. Lo que ha cambiado es la estrategia del PP, cada vez más atrapado por el marco mental de la extrema derecha.
La evidencia empírica es demoledora. La regularización de 2005, la última de gran alcance, no provocó ningún “efecto llamada”. Así lo demuestran los estudios académicos. Los flujos migratorios siguieron la misma tendencia antes y después. Lo que sí cambió fue la economía: se redujo la economía sumergida, aumentó la afiliación a la Seguridad Social y mejoraron las trayectorias laborales de cientos de miles de personas.
Un estudio de la Universidad Pompeu Fabra estima que cada persona regularizada aportó de media más de 4.000 euros netos adicionales al Estado. Más cotizaciones, más impuestos y más sostenibilidad del sistema. Los datos fiscales desmienten el alarmismo: regularizar no cuesta dinero, lo genera.
Además, mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad tiene un coste humano y social enorme. Solo en los últimos cuatro años, la Inspección de Trabajo ha detectado casi 50.000 casos de explotación laboral de personas migrantes sin papeles. Jornadas abusivas, salarios indignos, miedo a denunciar. Eso sí desborda los servicios públicos y degrada el Estado de Derecho.
La regularización no solo protege a quienes la reciben. Protege a todo el mercado laboral. Reduce la competencia desleal, fortalece la inspección y combate un modelo económico basado en la precariedad. Quienes se oponen, en realidad, defienden que siga existiendo una bolsa de trabajadores sin derechos, fácilmente explotables. Eso sí es indecente.
Resulta especialmente revelador que la Conferencia Episcopal haya apoyado públicamente la medida, calificándola de acto de justicia social. Que incluso la Iglesia choque frontalmente con el discurso del PP debería hacer reflexionar a Feijóo. Pero no lo hará. Porque el problema ya no es técnico ni jurídico: es ideológico.
La derecha española ha decidido convertir la inmigración en un arma política. Ha importado el marco del miedo, del “efecto llamada” y de la sustitución, aunque no tenga respaldo en los datos. Como decía Gabriel Rufián con ironía brutal, “un mena ha cotizado más que Abascal”. Y eso explica buena parte del nerviosismo.
La regularización no es una concesión ideológica. Es una respuesta pragmática a una realidad existente. Negarla no hace desaparecer a quienes ya viven, trabajan y contribuyen en España. Solo los condena a la invisibilidad y a la explotación.
Por eso, conviene repetirlo con claridad: Feijóo miente. Miente cuando habla de fraude electoral. Miente cuando invoca a Europa. Miente cuando finge que regularizar es algo nuevo o radical. Su propio partido lo hizo, lo defendió y lo celebró cuando gobernaba. Hoy lo rechaza porque ha decidido competir con Vox en el terreno del miedo.
Los datos no cambian. La ley no cambia. Y la dignidad de las personas tampoco debería cambiar según quién esté en el Gobierno.
