La derecha está centrando su oposición a la regularización extraordinaria de migrantes, que el Gobierno acordó con Podemos este martes, en un mantra que se basa en un bulo: El Ejecutivo quiere "incrementar el censo electoral" dando papeles a medio millón de personas que ya viven en nuestro país. A pesar de que esta tesis se está desmintiendo con la ley en la mano -el permiso de trabajo y la residencia legal no dan derecho a voto-, el PP sigue insistiendo en ella.
Este martes, la vicesecretaria y eurodiputada de los populares Alma Ezcurra volvió a desarrollar esta mentira en Análisis: Diario de la Noche. El presentador, Antonio Naranjo, le preguntó por el "temor" de que el PSOE "pretende alterar el censo electoral en el medio plazo y sí está fomentando el clientelismo político a golpe de Boletín Oficial del Estado". A esto, Ezcurra aclaró: "No es un temor, es una constatación empírica".
La vicesecretaria trató de matizar las palabras de Feijóo, asegurando que "no habló de censo electoral", cuando el líder del PP dijo textualmente horas antes que el Gobierno "no tiene derecho a aumentar el censo en más de 800.000 personas". Ezcurra aclara ahora que Feijóo se refería a la llamada 'ley de nietos', una medida de Memoria Democrática que permitirá que los descendientes de españoles exiliados durante el franquismo opten a la nacionalidad. "Eso tiene un impacto en el censo electoral", asegura Ezcurra.
Sobre lo que llama una "regularización masiva y sin control", la vicesecretaria critica que "los criterios son ínfimos". El PP pone el foco en que, pasado un año de obtener la ciudadanía, los migrantes de países con convenio de reciprocidad con España "van a poder solicitar la nacionalidad española y ya no es que puedan votar en elecciones municipales, es que van a poder votar en todas las elecciones, en autonómicas, en nacionales e incluso en europeas".
Los migrantes regularizados no podrán votar en 2027
Ezcurra concluyó asegurando que "el PSOE tiene un interés electoral, al menos en el medio plazo". Las afirmaciones de la vicesecretaria, haciendose eco de las de Feijóo chocan con la realidad: los extranjeros que se van a beneficiar de la regularización no podrán votar en ninguna de las elecciones previstas para el próximo año.
Los migrantes que van a obtener permisos de residencia tendrán, como norma general, una espera de cinco años para poder votar. En el caso de aquellos que procedan de países con convenios de reciprocidad con España -países iberoamericanos, Andorra, Filipinas o Guinéa Ecuatorial, entre otros- será de dos años. Esto quiere decir que el censo electoral no se va a incrementar durante este ciclo electoral, sino que habrá que esperar al menos cuatro años para que la regularización tenga un impacto real en los comicios.
