Pues sí, ojalá el señor Feijóo se hubiera equivocado también en esta votación del Senado, como lo hizo con la del Tribunal Constitucional; pero cuando de derechos laborales, estabilidad y calidad de vida para los españoles se trata, el Partido Popular tiene claro su objetivo: la precariedad a toda costa. Esta vez les ha tocado a los investigadores españoles.

El PP nunca ha creído en la investigación como motor fundamental para salir de la crisis, crear empleo y generar riqueza. De hecho, cuando gobernaron, el PP rescató los bancos, pero hundió la investigación en nuestro país. Recortó en 2.000 el número de investigadores del CSIC, recortó a la mitad el presupuesto de I+D en Universidades y 30.000 investigadores españoles tuvieron que emigrar e irse de nuestro país con el Gobierno de Rajoy.

Sin embargo, apostar por la investigación es apostar por el futuro, y esto lo tiene muy claro el Gobierno de Pedro Sánchez, quien desde el primer día ha aumentado el presupuesto para I+D+i y hace poco ha aprobado la nueva Ley de Ciencia. Una norma que permitirá dar un impulso que consolide a la ciencia y a la innovación como claves de bóveda de nuestro progreso y nuestro desarrollo.

Además, con la modificación de nuestro marco jurídico cumplimos con las demandas de la comunidad científica y situamos a España a la vanguardia científica y tecnológica de la Unión Europea.

Se trata de atraer y retener el talento, para organismos públicos de investigación, para nuestras universidades, para los centros tecnológicos, para el tejido empresarial español, pero sobre todo, para los ciudadanos, que son los que se benefician de la ciencia y de la innovación.

Dicha reforma responde a tres demandas unánimes de la comunidad científica y de la sociedad: dignificar las condiciones de trabajo de los investigadores e investigadoras, reducir los trámites en la gestión de la I+D+i y garantizar una financiación pública creciente y estable, acorde con los objetivos de la Unión Europea. Se pretende alcanzar el 1,25% del PIB en el horizonte de 2030, el doble del que existe actualmente.

La reforma aprobada crea varios tipos de contratos más estables para investigadores y tecnólogos en diferentes momentos de su carrera. El contrato indefinido contemplado para investigadores quiere acabar con un problema que el sistema I+D+i arrastra desde hace décadas: el encadenamiento de contratos temporales hasta bien pasados los 40 años.

Pero el PP siempre ha preferido un modelo precario para los investigadores y lo ha vuelto a demostrar. Eran las nueve de la noche del pasado martes en el Senado y estábamos votando las enmiendas del PP a la nueva Ley de la Ciencia cuando el PP empezó a aplaudir desaforadamente. Habían ganado una votación, la de su enmienda número 76.

¿Y qué decía esa enmienda? Esa enmienda eliminaba la Disposición Adicional Décima de la Ley y con ello se cargaban la contratación indefinida obligatoria para investigadores y personal técnico y de gestión con programas financiados por fondos europeos competitivos. Una enmienda que, por cierto, fue apoyada por Vox, ERC, Junts per Catalunya, PNV y UPN.

A consecuencia de la enmienda del PP, un investigador con contrato temporal tendrá una indemnización por despido de 12 días por año trabajado; mientras, el Gobierno de Pedro Sánchez apuesta por dar estabilidad a los investigadores con contratos indefinidos, con una indemnización por despido de 20 días por año trabajado, casi el doble.

Al aprobarse dicha enmienda, la nueva Ley de la Ciencia tendrá que volver al Congreso, donde el Gobierno progresista y el Grupo Parlamentario Socialista tratarán de dar la vuelta a la situación para evitar la precarización de los investigadores en España y acabar con la temporalidad de contratos ligados con fondos europeos competitivos.

La nueva Ley de la Ciencia es un hito histórico que los investigadores e investigadoras de nuestro país llevaban años y años reclamando. Apostando por la ciencia, nuestro país avanza y ganamos todos. Es un pena que Feijóo y la derecha continúen sin verlo.

Miguel Ángel Heredia Díaz
Portavoz de Hacienda y Senador del PSOE por Málaga