Lo que estaba en el dominio público se ha convertido en un proceso judicial. El juez José Castro le ha vinculado al caso “Palma Arena” acusándole de desvío de dinero público.
Hay que reconocerle a Don Juan Carlos una pulcritud intachable en sus obligaciones como rey constitucional, a diferencia del borboneo de su abuelo Alfonso XIII, el último monarca español, que tuvo que exiliarse por la voluntad de los españoles.
Sin embargo el Rey no ha sido muy exigente con el comportamiento de algunos miembros de su familia ni tampoco ha sido prudente en sus propios negocios.
Don Juan Carlos es el único monarca europeo que no da cuentas de cómo se gasta el dinero que le damos los españoles para el sostenimiento de su familia y de la jefatura del Estado. En eso, en transparencia, su abuelo le ganó.
Respecto a los negocios de la familia del Rey existe una laguna legal al no serles de aplicación normas sobre incompatibilidades entre los negocios y su papel institucional.
A este respecto es ejemplar la actitud de la reina Isabel II de la Gran Bretaña que decidió regular la actividad empresarial de sus familiares directos y consortes para evitar el escándalo del tráfico de influencias. No hay en el Reino Unido incompatibilidades propiamente dichas ni normativa legal aplicable, pero la Reina exige que su familia la consulte previamente antes de iniciar un negocio.
En este asunto tenemos un problema. ¿Cómo controlar las incompatibilidades de la familia del Rey? Es un asunto complejo pues está permanentemente en el zoo dorado y no hay forma de separar en ellos su vida privada de la representación simbólica que ostentan.
El enredo debería superarse con la discreción y buen sentido de la familia pero, revisión de las normas aparte, en última instancia debería ser el Rey, como jefe de la familia quien autorice o desautorice determinadas actividades.
José García Abad es periodista y analista político
