El presidente del Gobierno se ha expresado con más claridad, de la que acostumbra, sobre Juan Carlos I. En una entrevista publicada este domingo en 'El País' ha sostenido, para tranquilidad de los ciudadanos, “que el Estado de derecho funciona, la Agencia Tributaria está trabajando, la Fiscalía también y los medios de comunicación se hacen eco de los avances. Por tanto, lo más importante es que se sepa que cualquier conducta, cualquier investigación que sea susceptible de abrirse en ese ámbito no va a contar con ningún freno”. De ese modo, Pedro Sánchez, intentaba responder a la exagerada reacción del Partido Popular y sus medios afines que han salido en tromba a proteger al antiguo monarca después de leer una filtración publicada en el diario El Mundo, próximo a los de Génova 13, sobre una comisión rogatoria enviada por la Fiscalía del Tribunal Supremo. Ese escrito solicitaba una serie de datos para aclarar posibles indicios sobre si el padre del actual rey podría haber actuado como comisionista.

Hoy por hoy, la Fiscalía del alto tribunal tiene abiertas tres diligencias de investigación, que le obligan a enviar comisiones rogatorias a diferentes países para obtener información sobre fundaciones relativas a personas relacionadas con Juan Carlos I. Es decir, lo que está investigando tiene el objetivo de  conocer si hay indicios suficientes para presentar una querella y judicializar este caso si se detectan delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

¡Para qué queremos más! El abogado del emérito habló enseguida de “graves afirmaciones e imputaciones de conductas sin la más mínima justificación”, cuando se trata de dar un paso más en la investigación. Y eso, sin olvidar los comentarios en algún medio afín que adjudicaban la filtración a la propia Fiscalía General del Estado, despotricando de paso contra su titular, Dolores Delgado. Contra ésta fiscal de reconocida valía, la  derechona aprovecha cualquier excusa para para vapulearla. Como es sabido, entre el sector conservador de los fiscales hay mucho resquemor porque los casi 70 nombramientos discrecionales de la fiscal general no les han sido favorables.

La defensa a ultranza de Juan Carlos I no beneficia a su hijo, Felipe VI, ni a la institución de la monarquía que los del partido de Pablo Casado consideran amenazada. El propio rey emérito ha regularizado en dos ocasiones sus asuntos económicos frente a Hacienda, lo que supone confesar en la práctica que hubo  irregularidades previas. Con ello intentaba obviar una inspección tributaria o que el problema fuera a más con una querella de la Fiscalía. Aún queda sin aclarar cuál es el origen de ese dinero, que suma más de cinco millones de euros.

Pedro Sánchez, que puso por delante con claridad la presunción de inocencia del emérito, recalcó que no se estaba juzgando desde el debate público a una institución, sino a una persona. El empeño de los del PP en ser más monárquicos que el propio monarca los lleva al despropósito y a rozar el ridículo. Porque por más que se empeñen, no pueden ignorar que Juan Carlos I está residiendo lejos de casa por su mala cabeza.