Se acaban de cumplir ocho años desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno y el balance arroja una conclusión tan inapelable como nítida: la vida de los españoles ha mejorado de forma sustancial. A pesar de haber encadenado crisis inéditas y globales. España es hoy un país mucho más próspero, justo y dinámico que la nación paralizada y precarizada que el Partido Popular dejó en herencia. Los datos sociolaborales y macroeconómicos hablan por sí solos y desmontan de raíz el catastrofismo de la oposición.
Frente a la innegable transformación positiva del país, la derecha política y mediática ha optado por una estrategia basada en el ruido ensordecedor, la descalificación personal y una crispación institucional sin precedentes. Esta sobreactuación constante responde a un síntoma de profunda debilidad estructural: la certeza de que Feijóo jamás gobernará y la constatación de que no tiene proyecto político que ofrecer a la ciudadanía.
Para comprender la profundidad del cambio experimentado en este periodo, basta con analizar la evolución de las magnitudes esenciales que marcan el día a día de las familias españolas. En el año 2018, la tasa de paro heredada de la gestión del PP se situaba en un 15,28%, traduciéndose en más de 3,25 millones de desempleados. Hoy, tras una reforma laboral pactada con los agentes sociales que ha primado la estabilidad contractual, el desempleo se ha reducido drásticamente hasta el 10,3%, bajando la cifra total de parados a 2,3 millones de personas.
El motor de esta creación de empleo de calidad se refleja en las cifras de afiliación a la Seguridad Social. Al inicio del mandato socialista la afiliación se encontraba en 18,9 millones de cotizantes. La reactivación de las políticas industriales, la transformación verde y la digitalización han impulsado este indicador hasta alcanzar la cifra récord de 22,3 millones de cotizantes activos. Este incremento ensancha las bases fiscales del Estado, asegura las prestaciones de hoy y apuntala los pilares del bienestar colectivo para las próximas décadas.
Las mejoras se han concentrado en los colectivos que padecían con mayor severidad la inacción gubernamental: los jóvenes y las mujeres. El desempleo juvenil, que en 2018 representaba una auténtica lacra estructural con un 34,6%, se ha rebajado hasta el 24,5% actual mediante planes específicos de empleo y el impulso a la contratación indefinida.
De igual manera, el paro femenino ha experimentado un descenso desde el 18,04% hasta el 12,35%, reduciendo la brecha de género en el empleo desde el 21,41% en 2018 al 15,74% actual, lo que demuestra un avance firme hacia la equidad real en el tejido laboral.
El Salario Mínimo Interprofesional (SMI), anclado por el PP en 735,9 euros mensuales en 2018 con un gobierno del PP, se ha incrementado hasta los 1.221 euros. Esta subida de casi el 66% ha demostrado ser un motor de cohesión social que ha desmentido los augurios interesados de la derecha, que predecían una destrucción masiva de puestos de trabajo que jamás llegó a producirse.
El salario medio en nuestro país ha pasado de los 24.009 euros anuales con el PP en 2018 a los 29.540 euros en la actualidad. Paralelamente, la protección a nuestros mayores ha dejado de ser una variable de ajuste fiscal para convertirse en un derecho blindado por ley. La pensión media en España ha evolucionado desde los 937 euros mensuales de 2018 con el PP hasta alcanzar los 1.370 euros actuales, garantizando una jubilación digna tras una vida entera de cotizaciones.
El Producto Interior Bruto (PIB) de España ha ascendido desde los 1,2 billones de euros en 2018 hasta situarse en los 1,68 billones de euros, consolidando a nuestra economía como uno de los principales motores de crecimiento dentro de la Unión Europea y atrayendo inversiones estratégicas de alto valor añadido.
Esta riqueza nacional se ha reinvertido con prioridad absoluta en la igualdad de oportunidades y en la modernización de los sistemas formativos. El presupuesto destinado a becas de estudio se ha disparado desde los 1.400 millones de euros hasta los 2.500 millones, permitiendo que miles de jóvenes de familias de clase media trabajadora accedan a la educación superior sin barreras económicas.
Asimismo, la inversión en Formación Profesional (FP) ha vivido una transformación sin precedentes, pasando de 187 millones de euros a 1.200 millones, lo que ha permitido modernizar las titulaciones y conectar las aulas con las demandas de las empresas. El resultado es que la tasa de abandono escolar temprano ha caído del 17,9% al 13% actual.
Todos estos avances se han logrado a pesar de la oposición frontal de una derecha que lideran Feijóo y Abascal. El PP y Vox se han desatado en una espiral de descalificaciones que los ha llevado a perder cualquier sentido de Estado.
El verdadero motivo oculto tras esta furia diaria es que la cúpula de Génova y sus terminales mediáticas son conscientes de que con Feijóo las próximas elecciones generales están perdidas, y de que el tiempo para activar un relevo en el liderazgo del partido se ha agotado.
La crisis de alternativas de la derecha es absoluta debido al desgaste simultáneo de sus supuestos activos de reserva. Ayuso se encuentra políticamente muy tocada y atrapada en un cerco de escándalos y contradicciones, mientras que Moreno Bonilla ha incumplido las expectativas electorales en Andalucía.
Feijóo sencillamente no despega y lo tiene tan asumido que ya ha reconocido que sólo podría llegar al Gobierno cediendo a las exigencias de Abascal. La valoración del líder gallego no deja de encadenar notas a la baja desde que desembarcó en la sede nacional de la calle Génova. Aunque los medios de afines difundan sondeos que apuntan a una subida técnica del PP, esas mismas encuestas reflejan un deterioro de la confianza ciudadana hacia su líder, a quien ni sus propios votantes consideran ya un referente solvente.
Feijóo parece creer que, a través de la crispación y la amplificación del ruido mediático, logrará forzar su acceso a la Moncloa. Pero la historia electoral demuestra que no gana el poder quien reclama elecciones anticipadas cada mañana. Lo obtiene y lo mantiene quien se ocupa de resolver los problemas de los ciudadanos, una responsabilidad que claramente no entra dentro de las prioridades del jefe de la oposición. Feijóo reconoció esta semana que lleva 50 años intentando estudiar inglés y que aún no ha aprendido nada. Igual le va a paso con la presidencia del Gobierno.
La realidad es que Feijóo no da la talla requerida para presidir un país moderno, plural y europeo, una carencia que ha arrastrado a lo largo de toda su andadura en la política nacional mediante una flagrante incoherencia discursiva. No es posible mantener un mínimo de credibilidad cuando se ataca con una dureza extrema a Puigdemont ante los micrófonos y, simultáneamente, se le ruega que presente una moción de censura para derribar al Ejecutivo legítimo.
Resulta inadmisible en términos de política internacional que el líder del principal partido de la oposición ignore con ligereza los bombardeos perpetrados por Trump o Netanyahu en sus intervenciones y que, poco después, pretenda dar lecciones de historia felicitándose confusamente por la firma de la Paz de Versalles.
La contradicción definitiva de su liderazgo radica en haber dinamitado en menos de un año su solemne promesa de no formar gobiernos de coalición junto a la extrema derecha de Vox. Hoy, la dependencia política de Feijóo es tal que resulta incapaz de tomar una decisión relevante sin el permiso de Abascal. Esta vergonzosa sumisión política es perfectamente conocida por el conjunto de la ciudadanía española.
España es una sociedad madura y avanzada que rechaza con contundencia cualquier pretensión de retroceder cincuenta años en el catálogo de derechos y libertades civiles consolidados. Los españoles son plenamente conscientes de lo que está en juego en el actual tablero político y, cuando llegue el momento oportuno, volverán a hablar con nitidez e inapelable firmeza democrática a través de las urnas.
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