¿Cuánto le cuesta al sistema público de salud y a las aseguradoras privadas que la gente no coja el teléfono por miedo al spam? ¿Cuántas rutas de reparto se duplican porque el cliente no contestó al transportista? La respuesta son millones de euros, si incluímos el tiempo y el dinero que nos hacen perder a toda la ciudadanía las operadoras de telefonía por no identificar al titular de la llamada entrante. El anonimato permitido por las telecos, en la práctica, es un impuesto invisible que pagamos todos en forma de tiempo y recursos perdidos.
En noviembre de 2024 escribí una columna titulada "La plaga de las llamadas anónimas" sobre los perjuicios del anonimato telefónico y hoy vuelvo a incidir sobre el tema porque el problema se ha agravado con la universalización de la IA y los asistentes virtuales con nombres propios de personas, que son simples robots.
La tecnología para identificar al titular de la línea existe desde hace décadas (el protocolo CNAM o Calling Name Delivery). Las operadoras argumentan a menudo leyes de protección de datos para no mostrar nombres pero, curiosamente, esas mismas leyes no protegen al usuario del acoso sistemático amparado en el anonimato. La solución es bien sencilla: una regulación que invierta la carga. Que la identificación sea la norma y el anonimato la excepción justificada.
La digitalización se está convirtiendo en una herramienta de desprotección e incomunicación, que conduce a la ineficiencia del sistema. El usuario ve una llamada perdida, sospecha, pero como espera una cita para el especialista, que lleva gestionando semanas, o un paquete urgente, devuelve la llamada "a ciegas". Si es un robot, la llamada confirma que tu línea está activa (dato valiosísimo para los estafadores). Si se trata de un hospital, resulta que la centralita robotizada no te permite contactar con quien te llamó y, además, te roba varios minutos inútiles al dialogar con una máquina que no te entiende.
Cuando ya sabes quien te ha telefoneado, tienes que añadirlo a tu agenda, para que cuando repita la llamada atenderla y evitar su casi infinita repetición. Entonces, se comprueba que no es una llamada personal, sino un asistente virtual al que tienes que responderle con el teclado o con la voz y que, con frecuencia, al no entenderte bien da error.
El hecho de que la recomendación general sea "no contestar a nadie que no esté en tu agenda" ha convertido nuestro teléfono en un búnker que nos aísla y, paradójicamente, nos incomunica, al convertir cualquier llamada en sospechosa. Hemos llegado al absurdo de que para proteger nuestra seguridad tenemos que renunciar a la utilidad primaria del teléfono. Las operadoras, que nos cobran religiosamente cada mes por 'conectarnos', son cómplices de este aislamiento. Mientras no se obligue a la identificación del emisor, el teléfono seguirá siendo un arma cargada en manos de un algoritmo, y nosotros, ciudadanos atrincherados en nuestra agenda, seguiremos ignorando llamadas que podrían ser vitales por miedo a que sean letales para nuestra cuenta corriente.
