La universidad pública andaluza vive hoy una paradoja: mientras se celebra -con razón- la gratuidad de las matrículas como un avance en equidad, se ha consolidado una dependencia casi absoluta de un único financiador: la Junta de Andalucía. Este modelo, que en apariencia refuerza el carácter público del sistema, encierra sin embargo una fragilidad estructural: al desaparecer la contribución directa del estudiantado como fuente relevante de ingresos, las universidades ven limitada su autonomía financiera quedando sujetas a los ciclos políticos, presupuestarios y a las prioridades cambiantes de la administración autonómica.
En este contexto de dependencia, el cambio en el ciclo político de la Junta de Andalucía ha introducido un giro en el diseño del sistema universitario andaluz. El gobierno del Partido Popular ha pivotado hacia un modelo mixto en el que las universidades públicas coexisten con un creciente sector de universidades privadas. Esta reconfiguración, justificada por la administración andaluza bajo el lenguaje de la diversificación y la libertad de elección, plantea interrogantes de fondo sobre la equidad en el acceso a la educación superior, la cohesión del sistema universitario y también sobre el papel que debe desempeñar la educación pública y cómo garantizar una financiación suficiente.
Si se desciende al caso de la Universidad de Sevilla, las tensiones del modelo son especialmente visibles, emergiendo como una significativa crisis económica. En los últimos ejercicios, la institución ha recurrido a operaciones de “ingeniería presupuestaria” al incorporar como ingresos la prevista venta de dos inmuebles -el edificio del Centro Internacional en Ciudad Jardín y el de la Escuela Politécnica en Los Remedios- cuya enajenación, sin embargo, no se ha llegado a materializar. Este recurso, más allá de su encaje técnico, introduce una distorsión relevante en la lectura de las cuentas y dificulta conocer con exactitud la situación financiera real de la universidad en estos momentos.
Con estos aparentes ingresos adicionales, la Universidad de Sevilla ha conseguido no cerrar el último ejercicio en déficit, pero lo hizo a costa de recurrir a sus remanentes, consumiendo ahorros acumulados para sostener el gasto corriente. Este recurso, legítimo en circunstancias excepcionales, se vuelve problemático cuando encubre desequilibrios estructurales. El año 2025, marcado por un contexto electoral interno, ha estado acompañado de mayor laxitud en el gasto, difícil de conciliar con la situación financiera real. Considerando la situación económica y las dudas sobre la consistencia de las cuentas, sorprenden decisiones concretas de gasto en la propia Universidad de Sevilla en los últimos ejercicios económicos.
Informaciones publicadas en prensa ya detallaron gastos innecesarios del equipo del rector Miguel Angel Castro: desplazamientos de muchas personas del equipo de gobierno a destinos de América Latina o Asia; gastos asociados a la representación institucional, como el alquiler de coches por un valor de 30.000 euros; la licitación de un vehículo a disposición de la rectora, que supera los 200.000 euros; o un incremento significativo de cargos académicos y de puestos de libre designación. La reiteración de estos episodios alimenta la percepción de una gestión poco alineada con un contexto de restricción económica, que el equipo anterior ya conocía. En un escenario de recursos limitados, cada decisión de gasto debería ser no solo legal, sino también ejemplar y plenamente justificada ante la sociedad.
En la actualidad, con los remanentes a cero, la prórroga presupuestaria dictada por la rectora parece orientada a una estrategia de contención y de ajuste presupuestario que se ha presentado como respuesta obligada a factores externos -que sin duda existen-, eludiendo una reflexión más profunda sobre las responsabilidades internas, de cómo se ha gestionado la universidad en los últimos años. Cuando el equilibrio depende de agotar reservas y de ajustes sobrevenidos, lo que aflora no es solo un problema de financiación, sino una debilidad estructural en la gestión que no admite ya explicaciones unidireccionales. Lo más preocupante es la dirección que están tomando las medidas de ajuste. Las decisiones recientes de la rectora apuntan a una contención del gasto que recae de forma directa sobre la actividad docente: reducción de recursos, mayor presión sobre las plantillas -como la paralización de las promociones- y una creciente tensión en la sostenibilidad de los títulos, reduciendo ayudas básicas para su funcionamiento.
Este desplazamiento del ajuste hacia el núcleo académico contrasta con la continuidad de determinadas prácticas de gasto en el ámbito institucional, como los viajes de amplia representación a América Latina o Asia o el número de cargos académicos, equiparable a los nombramientos del equipo anterior. La contradicción es difícil de ignorar: mientras se pide un esfuerzo a quienes sostienen la docencia y la calidad formativa, no se percibe el mismo rigor en otras partidas, y es precisamente ahí donde se juega, en última instancia, la credibilidad del conjunto de las decisiones adoptadas y la propia credibilidad de la institución en las difíciles negociaciones que debe acometer con la Junta de Andalucía.
Es imprescindible exigir al principal financiador, la Junta de Andalucía, un compromiso firme y sostenido con la financiación de las universidades públicas, acorde con su función estratégica para la sociedad andaluza. Pero esa reivindicación legítima y necesaria debe ir acompañada de una exigencia igualmente clara de responsabilidad interna. En la Universidad de Sevilla, como en el conjunto del sistema, resulta ineludible avanzar hacia una cultura de contención del gasto, priorización rigurosa de los recursos y eliminación de cualquier forma de dispendio. Solo desde esa doble exigencia -más financiación, pero también mejor gestión- puede garantizarse la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo.
Francisco J. Sánchez Medina es catedrático de Psicología Social en la Universidad de Sevilla y exdecano de la Facultad de Psicología y Presidente de la Conferencia de Decanas y Decanos de Psicología de las Universidades Españolas.
