El balance que Feijóo no quiere que leas: así ha avanzado la Memoria Democrática en sólo tres años

En tres años, el Gobierno de Pedro Sánchez ha logrado el mayor avance en Memoria Democrática desde la Transición. Casi la mitad de los cuerpos que se pueden exhumar ya han sido recuperados, más de 1.600 víctimas han recibido reconocimiento oficial y cientos de miles de descendientes del exilio han recuperado la nacionalidad española. Mientras tanto, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no solo se ha opuesto a la ley en cada votación parlamentaria, sino que ha reiterado su compromiso de derogarla si llega al Gobierno. Este contraste refleja un desdén por la justicia histórica y una voluntad de deslegitimar el proceso de reparación impulsado por el Gobierno socialista.

Este contraste refleja dos modelos de país enfrentados: el del Gobierno de Sánchez, que apuesta por la verdad, la reparación y la dignidad democrática, y el del PP, anclado en un discurso de negación, relativismo histórico y concesiones a Vox. Un Gobierno repara heridas, el otro promete borrarlas. No habrá justicia real en España mientras unas familias puedan honrar a sus muertos y otras sigan buscando los restos de los suyos en las cunetas.

El intento de la derecha de reescribir el relato histórico choca con una realidad incómoda para el PP: la Ley de Memoria Democrática de 2022 ha supuesto un punto de inflexión. Tras años de parálisis durante los gobiernos de Mariano Rajoy, en solo tres años se han producido avances en los principios que sustentan los derechos humanos: verdad, justicia, reparación y deber de memoria. No se trata de gestos simbólicos, sino de políticas públicas concretas que han devuelto derechos y dignidad a miles de víctimas del franquismo.

La cifra es clara y desmonta cualquier intento de relativización: 8.941 cuerpos recuperados en tres años, casi la mitad de los 20.000 susceptibles de exhumación según los estudios científicos. Se han realizado más de 700 intervenciones en fosas comunes y el II Plan de Exhumaciones avanza con el objetivo de alcanzar el 100 % al final de la legislatura. Frente a esta política pública, el PP solo ofrece vacío. Cuando gobernó, recortó la financiación y abandonó a las familias. Mariano Rajoy llegó a jactarse de haber destinado “cero euros” a la memoria histórica. Hoy, Feijóo no solo no plantea reactivarla, sino que promete derogarla.

Uno de los símbolos más visibles del compromiso del Gobierno es el trabajo en el Valle de Cuelgamuros. Un equipo especializado trabaja en las criptas para localizar e identificar a 206 víctimas reclamadas por sus familias. Se han localizado 36 cajas con restos de 458 personas, de las cuales 21 ya han sido identificadas mediante pruebas de ADN. Además, el proyecto La base y la Cruz está resignificando el espacio como un lugar de reflexión sobre el totalitarismo, la represión y el valor de la democracia. El PP se ha opuesto a cada uno de estos pasos: a la exhumación de Franco, a la investigación científica y a la resignificación del Valle. Feijóo ha dejado claro que revertirá esta normativa si llega al poder.

El Gobierno también ha entregado 1.614 declaraciones de reconocimiento y reparación, anulando moral y jurídicamente las sentencias franquistas. Más de 600 actos de homenaje han devuelto nombre, dignidad y memoria a quienes fueron perseguidos por defender la libertad. Frente a ello, la derecha insiste en que hablar de memoria “abre heridas”. Pero la verdad es lo único que puede cerrarlas. Lo que realmente pretende el PP es imponer un nuevo silencio.

Hasta el 31 de julio de 2025, se han registrado 876.321 solicitudes de nacionalidad de descendientes del exilio, de las cuales casi la mitad ya han sido aprobadas. Más de 237.000 personas han sido inscritas como españolas. Además, se ha concedido la nacionalidad a 54 hijos y 117 nietos de brigadistas internacionales. Ninguna de estas medidas formó parte jamás de la agenda del PP. Bajo el compromiso de Feijóo de derogar la ley, este derecho desaparecería para miles de familias que solo buscan justicia y reconocimiento.

El Gobierno ha declarado 16 Lugares de Memoria Democrática - como Gernika-Lumo, La Desbandá o la antigua Prisión Provincial de Murcia - y tiene otros 18 en tramitación. También se están señalizando espacios de memoria en el extranjero, como el campo de Ravensbrück o las tumbas de Manuel Azaña y Antonio Machado. Estos Lugares de Memoria son una política de Estado que conecta pasado, presente y futuro democrático.

El contraste se amplía en las comunidades autónomas gobernadas por el PP, a menudo con Vox como socio. En territorios como Aragón, la Comunitat Valenciana, Cantabria o Extremadura se han derogado o intentado derogar leyes autonómicas de memoria bajo el disfraz de una supuesta “concordia”. Ante estos retrocesos, el Gobierno de España ha recurrido al Tribunal Constitucional, que ya ha suspendido varias de estas normas, convirtiendo la ley estatal en una garantía de igualdad democrática en todo el país. No es casualidad que Naciones Unidas haya advertido de que estas llamadas leyes de concordia vulneran los compromisos internacionales de España en derechos humanos. Lo que está en juego no es el pasado, sino la calidad democrática del presente.

El programa “50 años de libertad” ha impulsado cientos de actos para explicar a las nuevas generaciones el valor de la democracia, transmitir la memoria del antifranquismo y rendir homenaje a quienes lucharon por los derechos que hoy disfrutamos. Esta iniciativa continuará más allá de 2025. Para el Gobierno es pedagogía democrática; para el PP, “polarización”. Una vez más, la derecha confunde memoria con revisionismo porque nunca ha roto del todo con su incomodidad ante el pasado.

Feijóo ha reiterado su compromiso de derogar la Ley de Memoria Democrática. No es un gesto retórico. Es un proyecto político claro. Derogar la ley significaría paralizar las exhumaciones, desmantelar el Banco Estatal de ADN, abandonar la identificación de víctimas, anular los reconocimientos y reparaciones, frenar la resignificación de Cuelgamuros, borrar los Lugares de Memoria, impedir la nacionalidad a los descendientes del exilio y avalar los retrocesos que PP y Vox ya impulsan en las autonomías. En definitiva, significaría regresar a la España del silencio.

Tres años después, la Ley de Memoria Democrática demuestra que España avanza cuando reconoce su historia y repara a sus víctimas. Todos estos logros son fruto de un Gobierno que ha convertido la memoria en un compromiso democrático real: el de Pedro Sánchez. Frente a ello, Feijóo promete dar marcha atrás. Promete derogar la ley. Promete volver al olvido. La pregunta es clara: ¿qué país queremos ser? Mientras no podamos honrar a todos nuestros muertos por igual, la democracia no estará plenamente consolidada.