La CUP ha decidido alargar el período de presión a ERC para asegurar que sus vetos más vistosos para el presupuesto de 2022 (candidatura para los JJ.OO de Invierno de 2030 y el proyecto de ocio y juego de Hard Rock en Tarragona) obtengan alguna concreción más por parte del gobierno de ERC-Junts. El 63% de los 462 militantes que han participado en las votaciones de los anticapitalistas han apostado por presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos. Los antisistema ya han hecho saber que no se trata de una ruptura definitiva sino de un intento de profundizar en la negociación. Hay tiempo suficiente para ello y de todas maneras la enmienda es una amenaza simbólica.

La próxima semana se votaran las enmiendas a la totalidad del proyecto de presupuestos presentado por el titular de Economía y Hacienda, Jaume Giró. Las cuentas de la Generalitat registrarán un aumento del 17,3%, alcanzando los 38.139 millones, cifra que permite un notable incremento de la mayoría de partidas de ámbito social, en gran parte gracias a la llegada de los fondos del programa Next Generation. Las probabilidades de que la enmienda a la totalidad de la CUP prospere dependen del voto a favor del PSC y la abstención de Junts, una hipótesis descabellada aun sabiendo de las pésimas relaciones entre los dos socios de gobierno.

Hay un cierto consenso en la conveniencia de su aprobación y en realidad tampoco la CUP pretende tumbarlos, tan solo sacar alguna ventaja para sus objetivos prioritarios de este momento, hecha salvedad de su obsesión por reorganizar los Mossos que circula por otras vías. Todas las enmiendas a la totalidad serán rechazadas, incluida la de los antisistema, porque los socialistas no están para facilitar ninguna crisis con ERC de víctima, teniendo como tienen pendientes los Presupuestos generales del Estado de la mano de los republicanos.

A pesar de ser el grupo de Puigdemont un factor habitual de inestabilidad, en este caso sería tanto como dispararse al pie dado que el proyecto ha sido redactado por Giró, integrante de Junts. En las últimas horas, también los Comunes han deslizado que están pensando en presentar una enmienda a la totalidad, sin embargo, el preanuncio parece más una respuesta a la decisión de ERC de no apoyar los presupuestos en el Ayuntamiento de Barcelona y una reclamación de cierta atención por parte del conseller que, según dicen, todavía no les ha convocado a negociar nada.

No hay que descartar que también el movimiento de los republicanos en el consistorio barcelonés responda a la precaución de asegurarse que los Comunes puedan entrar en una eventual combinación para alcanzar la mayoría en el Parlament si la CUP no se da por satisfecha finalmente en el debate parlamentario con las garantías que pueda ofrecerles el gobierno de Aragonés respecto de sus exigencias. El partido de Ada Colau ya facilitó la aprobación de los presupuestos de la Generalitat de 2020 (también los republicanos los del ayuntamiento) y para ERC siguen siendo la primera opción en caso de fallarles los antisistema. Junts parecería apostar por hablar con el PSC en caso de extremo peligro de quedarse sin presupuestos, aunque todavía es pronto para aventurar la evolución de la mini crisis provocada por la CUP.

La CUP no se fía de los compromisos arrancados a ERC y Junts sobre JJOO de Invierno y el proyecto del Hard Rock. En el primer caso, el gobierno catalán pretende remitir la decisión definitiva sobre la candidatura a conocer el resultado de un referéndum en las poblaciones del Pirineo. Los antisistema tienen escasa influencia municipal en aquel territorio, mientras que los alcaldes de ERC y Junts temen perder la oportunidad de mejorar sus infraestructuras si  renuncian a la candidatura. El mapa de las poblaciones que podrán votar no está definido y en Barcelona algunas voces podrían reclamar que la consulta se extendiera hasta la capital porque, al fin y al cabo, será la proyección olímpica de Barcelona la que dará fuerza a las aspiraciones del Pirineo.

En el caso del proyecto de ocio y casinos de Tarragona, una vieja historia que ha ido sumando retrasos, la cuestión amenaza de ser más complicada. Los alcaldes de la zona son claramente partidarios de un impulso público para la iniciativa del Hard Rock Entertainment World conociendo los beneficios que les reporta Port Aventura. El empujón consistía inicialmente en una partida de 120 millones para la adquisición de los terrenos propiedad de la Caixa para venderlos posteriormente a la empresa promotora. De primeras, el gobierno concedió a la CUP la retirada de esta partida, al menos para los presupuestos de 2022, previsión en consonancia al hecho de que el planeamiento urbanístico del complejo fue suspendido por el TSJC por considerar que existe riesgo químico.

La CUP sospecha que la partida podría reaparecer en posteriores ejercicios, cuando esté resuelta la suspensión judicial del proyecto, de ahí que no les satisfaga una victoria tan transitoria. Durante los próximos días y semanas presionarán a ERC y a Junts para asegurarse de que la renuncia al parque de Hard Rock sea definitiva; de la misma manera que insistirán en dejar por escrito que la ampliación del aeropuerto de Barcelona no resucitará bajo cualquier pretexto o modificación de proyecto.