El 8 de marzo no es una fecha simbólica más. Es una línea roja democrática. Es el día en que las mujeres recuerdan que votar, trabajar sin permiso, divorciarse, abrir una cuenta bancaria o denunciar una agresión fueron, no hace tanto, derechos inexistentes. Y es también el día en que se mide el compromiso real de un país con la igualdad. Por eso la pregunta es política y urgente: ¿qué pasaría con el 8M y con las políticas de igualdad si Feijóo y Abascal gobernaran España?
No hablamos de miedo abstracto. Hablamos de decisiones concretas que ya se están tomando allí donde Partido Popular y Vox gobiernan juntos o donde el PP ha ido asumiendo parte del marco ideológico de la ultraderecha. El retroceso no suele llegar con un decreto que lo deroga todo. Llega suavemente: cambiando palabras, reduciendo presupuestos, desactivando organismos, relativizando la violencia machista. El 8M no desaparecería. Pero podría dejar de significar lo que hoy significa.
Vox ha planteado de forma reiterada la derogación de la ley integral contra la violencia de género. Su propuesta es sustituirla por una ley de “violencia intrafamiliar”. No es un detalle semántico. Es un giro político profundo. Supone negar que existe una violencia estructural que sufren las mujeres por el hecho de serlo. Supone borrar el consenso social construido durante décadas. Y supone desactivar herramientas específicas de protección.
También propone eliminar ministerios y consejerías de Igualdad, suprimir subvenciones a asociaciones feministas y revisar programas educativos vinculados a la igualdad. El discurso es conocido: todo lo que huela a feminismo institucional es presentado como “ideología”. El problema no es solo lo que Vox dice. Es lo que el PP está dispuesto a aceptar.
El caso de María Guardiola en Extremadura es paradigmático. Antes de las elecciones aseguró que no gobernaría con Vox porque negaba la violencia machista. Después llegó a decir que el feminismo que defiende “es el mismo que el de Vox”. Su línea roja se convirtió en negociable. Y cuando una línea roja cae, el mensaje es claro: los derechos de las mujeres son moneda de cambio por conseguir el poder.
En Castilla y León, el gobierno de coalición PP-Vox intentó imponer la obligación de ofrecer a las mujeres que querían abortar una ecografía con latido fetal y apoyo “alternativo”. Aquella propuesta no era neutra. Introducía presión institucional en una decisión íntima y legal. Solo la reacción social y la intervención del Ejecutivo central frenaron la medida. Pero el intento marcó una dirección.
En la Comunidad Valenciana, el Ejecutivo conjunto ha eliminado referencias explícitas a la violencia machista en documentos oficiales y ha reducido el peso simbólico de las políticas de igualdad. Cambiar el lenguaje es cambiar el marco. Si no se nombra la violencia machista, se diluye su raíz estructural.
En la Comunidad de Madrid, Ayuso ha confrontado abiertamente con el movimiento feminista en varias ocasiones. Ha reducido el tono reivindicativo del 8M y ha enmarcado muchas políticas bajo el paraguas de una “libertad” que evita hablar de desigualdad estructural. Vox, desde la oposición, presiona para ir más lejos.
En Andalucía, Moreno Bonilla gobierna en solitario, pero el desplazamiento discursivo es evidente. Se habla cada vez más de “violencia intrafamiliar”. Se rebaja la carga política del 8M. Se modula el compromiso público con el feminismo institucional. No es una ruptura abrupta, pero sí una adaptación progresiva al marco que impone la ultraderecha.
El debate no es solo español. La actriz argentina Dolores Fonzi, premiada por su trabajo en Blondi, alertó recientemente sobre el impacto de las políticas del presidente Javier Milei en materia de igualdad. En Argentina se han desmantelado estructuras públicas dedicadas a políticas de género bajo el argumento de la eficiencia. El resultado es una reducción real de la protección institucional y un mensaje político claro: la igualdad deja de ser prioridad.
En la última gala de los Premios Goya, varios directores recordaron que con Francisco Franco no se vivía mejor. Lo dijeron porque todavía hay quien banaliza aquella etapa. Bajo la dictadura, las mujeres necesitaban permiso marital para trabajar o abrir una cuenta. No existía reconocimiento legal de la violencia dentro del matrimonio. La desigualdad estaba inscrita en la ley.
El humorista Manu Sánchez lo resumió con claridad: el fascismo ha existido siempre. La diferencia es que hoy hay derechos conquistados que pueden perderse. En el siglo XX muchas mujeres no tenían derechos que defender. Hoy sí. Y por eso el riesgo no es teórico.
Vivimos tiempos convulsos. El auge de discursos autoritarios, el cuestionamiento de consensos básicos y la normalización de posiciones extremas forman parte del paisaje político global. En ese contexto, el 8M es un termómetro democrático. Mide si la igualdad es una política de Estado o una concesión coyuntural.
Si Feijóo y Abascal gobernaran, probablemente no prohibirían el 8M. El retroceso no suele presentarse de forma explícita. Se presenta como neutralidad. Como “igualdad sin apellidos”. Como rechazo a la “ideología”. Pero cuando se diluye la violencia machista en categorías genéricas, cuando se cuestionan políticas específicas de protección, cuando se pacta con quien niega la desigualdad estructural, el mensaje es claro.
Los derechos de las mujeres no son irreversibles. Cuesta décadas conquistarlos. Puede bastar una legislatura para debilitarlos. El voto no es un gesto simbólico. Es una decisión concreta sobre qué modelo de país queremos.
Este 8 de marzo no es solo una conmemoración. Es una advertencia. Entre avanzar o retroceder. Entre consolidar políticas feministas o dejarlas a merced de mayorías coyunturales. Entre un país que asume que la igualdad necesita políticas activas o uno que prefiere declararla resuelta mientras desmonta sus instrumentos.
El 8M no pertenece a ningún partido. Pero sí interpela a todos. Y ante la posibilidad de un gobierno de Feijóo y Abascal, la pregunta es directa: ¿queremos un feminismo con políticas públicas o un 8M convertido en gesto vacío? La respuesta, como siempre en democracia, está en las urnas.
