El uso indebido del carril bus por parte de los VTC en Madrid se ha convertido en una de las polémicas más persistentes y menos resueltas de la movilidad urbana. Lo que sobre el papel es una infracción clara, en la práctica se ha normalizado hasta extremos que indignan al sector del taxi y cuestionan la capacidad real del Ayuntamiento para hacer cumplir sus propias normas.
Los VTC se saltan la normativa de forma constante
La normativa municipal es inequívoca. La Ordenanza de Movilidad Sostenible prohíbe a los VTC circular por los carriles reservados al transporte público, así como parar o estacionar en ellos para recoger o dejar pasajeros. La regla es simple: si el servicio ha sido contratado previamente, el vehículo debe esperar en un lugar autorizado, nunca en el carril bus. Sin embargo, la realidad diaria en calles como Gran Vía, Alcalá o el Paseo de la Castellana muestra decenas de VTC invadiendo estos carriles con total impunidad.
Menos del 3% de las denuncias prosperan
La asociación de taxistas Plataforma Caracol denunció en 2024 más de 18.000 infracciones de VTC en carriles bus, pero solo 426 acabaron en sanción. Es decir, menos del 3% de las denuncias ciudadanas prosperaron. Esta brecha entre denuncias y sanciones alimenta la percepción de que existe una tolerancia deliberada hacia las plataformas de movilidad.
En abril de 2025, el delegado de Movilidad, Borja Carabante, anunció la instalación de cámaras con inteligencia artificial en autobuses de la EMT para detectar y multar automáticamente a los infractores. La medida fue presentada como una solución tecnológica definitiva. Sin embargo, en febrero de 2026, Más Madrid reveló que el proyecto nunca se había licitado ni puesto en marcha, ni siquiera en fase piloto. Carabante respondió que se estaba estudiando la viabilidad técnica y jurídica, pero sin comprometer fechas.
Por qué el Ayuntamiento de Madrid no actúa
El taxista Nacho Castillo lo resume con crudeza: "Un domingo por la tarde en Gran Vía hago 60 fotos de VTC en el carril bus". Su pregunta es la que muchos se hacen: si se conoce dónde y cuándo se produce el fraude, ¿por qué no se actúa? La respuesta oficial apunta a limitaciones legales y técnicas, pero el sector del taxi sospecha que detrás hay falta de voluntad política para confrontar a las grandes empresas de VTC.
Claro agravio comparativo
El resultado es un agravio comparativo evidente: el taxi, sometido a controles estrictos, ve cómo sus competidores incumplen las mismas normas sin consecuencias. Mientras el Ayuntamiento no active mecanismos de sanción efectivos, el carril bus seguirá siendo, para muchos VTC, un atajo sin precio.
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