El pasado viernes se aprobó, en uno de los últimos Consejos de Ministros de la legislatura actual, un nuevo anteproyecto de Ley de Cambio Climático, Transición Justa y la Estrategia para una Transición Justa, planteado por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), y que junto al Plan de Energía y Clima y a la Estrategia de Transición Justa forman el paquete normativo de energía y clima del Gobierno. Un plan que persigue que España alcance los compromisos del Acuerdo de París, la gran meta actual en la lucha contra el cambio climático que se plantearon los países en la COP21 de Naciones Unidas, y establece un objetivo para limitar el calentamiento global por debajo de los 2°C respecto de los niveles pre-ndustriales, y limitar el aumento de temperatura de 1,5°C.

De acuerdo con este anteproyecto de ley, Se contempla una reducción de un 20 % de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2030 con respecto a las de 1990, y de un 90 % en 2050, lo que supondrá una reducción de 2.222 muertes menos por contaminación ambiental. En 2017, España sobrepasó en 18 puntos porcentuales por encima de la referencia.

Las medidas prevén mover oportunidades de negocio superiores a los 200.000 millones de euros en la próxima década en la que deberán estar las entidades de crédito, las cotizadas, las aseguradoras y sociedades y que abarquen sectores de industria, energía y construcción. Además, potenciar el empleo en parados de larga duración, mujeres y jóvenes, así como políticas de formación profesional en sectores de las energías renovables, industriales y de la construcción.

También se fomentará la rehabilitación de al menos 100.000 viviendas al año para fomentar la eficiencia energética; y antes de 2050 el Gobierno impulsará la rehabilitación de edificios públicos y privados para transformarlas en edificaciones más eficientes energéticamente y descarbonizadas. Y en cuanto a movilidad, la Ley de Cambio Climático no permitirá en 2040 la matriculación y venta de vehículos que emitan dióxido de carbono (CO2), lo que incluye a los que llenan sus depósitos con gasolina, diésel, híbridos, gas natural y gas licuado del petróleo.

Esta cifra se prevé que se haga con inversiones públicas estatal, autonómica, local y europea de 47.000 millones de euros.