El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética dispone que cualquier regresión que se pretenda llevar a cabo de una normativa local que establezca zonas de bajas emisiones ya existentes, deberá contar con el informe previo de las administraciones estatales o autonómicas competentes en materia de protección ambiental.
Además, el nuevo borrador de esta ley, que ha presentado este lunes la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, al Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), obliga a que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares habiliten zonas de bajas emisiones no más allá de 2023, y apunta a que los territorios insulares habrán de impulsar medidas de movilidad eléctrica compartida.
Otro de los grandes mimbres de la nueva ley será “el mapa informativo de puntos de recarga de vehículos eléctricos”, y la obligatoriedad de instalar al menos un punto de recarga rápida de 50 kW en aquellas estaciones de servicio con un volumen de ventas superior a los cinco millones de litros de gasóleo y gasolina. Se trata del 9 por ciento del total de la red de gasolineras.
De acuerdo con los trámites que necesita la ley, el borrador se ha sometido a información pública para incorporar alegaciones antes de iniciar su tramitación parlamentaria, y lo verá también la Conferencia Sectorial y el Consejo de Estado.
