Nombres como el de Antonio González Pacheco, alias ‘Billy el Niño’, aun erizan la piel a las víctimas de sus torturas durante el franquismo. Han pasado muchos años, pero el detalle con el que recuerdan a su verdugo no se borra de la memoria: tosco, maloliente, con una sonrisa malévola y la sangre tan fría como la muerte. “Te puedo pegar un tiro aquí mismo y como eres un rojo no va a pasar nada”, dijo el torturador a Jesús Rodríguez mientras le encañonaba en los calabozos de la Dirección General de Seguridad de Madrid, en la puerta del sol, en el edificio que actualmente sirve de sede al gobierno regional.
Pacheco, que desde muy joven -cuando aún era un cachorro en la Brigada Política Social y no tenía fama que le precediese- se vanagloriaba de su permiso para matar, como le dijo a Luis Pérez Lara antes de amenazarle con lanzarle desde la misma ventana por la que había sido arrojado Julián Grimau en 1962, murió por coronavirus con sus medallas y méritos intactos, sin condena, sin reparación. Como jefe de seguridad de La Renault desde su retiro como comisario hasta su jubilación. Una vergüenza nacional, como denunciaron asociaciones como La Comuna, nacida de la revolución en el interior de las celdas de la cárcel de Carabanchel.
“No es preciso insistir en la humillación que para las víctimas, pero también para todas las personas de convicciones demócratas, supone que un presunto culpable de crímenes que por ser de lesa humanidad no prescriben ni pueden ser amnistiados -como son los crímenes de torturas bajo un régimen totalitario- se haya paseado en plena libertad durante años, a pesar de los centenares de testimonios y casos abiertos contra él”, detallaban desde esta asociación de presos y represaliados por la dictadura franquista en una tribuna publicada en El Salto el 17 de mayo de 2020, 10 días después de la muerte de uno de sus más temidos verdugos.
No fue hasta diciembre de 2022 cuando, en cumplimiento del artículo 42 de la ley de memoria democrática, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció que serían retiradas a título póstumo todas las medallas y condecoraciones recibidas por agentes de policía y guardia civil que hubiesen incurrido en situaciones como las de Billy el Niño.
El hogar del verdugo
Fue en el edificio de la Dirección General de Seguridad de Madrid donde Antonio González Pacheco, quien consiguió su alias por su facilidad para sacar la pistola, cometió buena parte de sus prolíficas torturas. Desde colgar a sus interrogados en la pared, llenarles la cara de mierda humana, darles descargas o golpearles con todos los objetos imaginables.
Levantada en el siglo XVIII por mandato de Carlos III, la Real Casa de Correos ha sido testigo privilegiado de buena parte de la historia política española. A lo largo del tiempo, el edificio ha cumplido diversos roles: primero como oficina postal, después como sede del Ministerio de la Gobernación y, más tarde, durante la dictadura franquista, como cuartel de la Dirección General de Seguridad (DGS). En los sótanos del inmueble se habilitaron celdas en las que fueron recluidos, interrogados y torturados numerosos opositores al régimen. Entre ellos se encontraban figuras como Marcelino Camacho, Nicolás Redondo y Enrique Ruano, cuyos nombres se asocian hoy con la lucha contra la dictadura.
El edificio se transformó así en uno de los principales focos de la represión en Madrid. Una realidad que el Gobierno quiere recordar, cumpliendo de esta forma la Ley de Memoria Democrática, con una placa conmemorativa que recuerde a todos los viandantes de la Puerta del Sol que allí se perpetraron algunos de los horrores más evidentes del franquismo: “Acuerdo de 20 de octubre de 2025, de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, por el que se declara Lugar de Memoria Democrática «La extinta Dirección General de Seguridad franquista que tuvo su sede en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, en Madrid”. (BOE, 22 de octubre de 2025).
No obstante, no todas las administraciones parecen dispuestas a cumplir con este mandato. De hecho, la batalla judicial está servida después de que el Gobierno que ocupa precisamente este edificio, el de la Comunidad de Madrid -dirigido actualmente por Isabel Díaz Ayuso, se niegue a recordar qué fue y para qué sirvió otrora la Real Casa de Correos.
Esta postura, defendida por los suyos, resulta en cambio inexplicable para las víctimas de la antigua DGS. Una de ellas, Julio Pacheco -único torturado que ha podido declarar en sede judicial en España para denunciar lo sucedido dentro de esos muros-, lo explicaba de esta forma en declaraciones a ElPlural.com: “Fue durante todo el franquismo un lugar de terror en el que se torturaba e incluso se mataba. Fue el pilar de la represión del franquismo, y es algo que en democracia debería estar ya reivindicado (…) No deja de reconocer los crímenes del franquismo y la forma en la que Franco se mantuvo en el poder”.
Sobre la decisión, fijada en el BOE, de recordar el pasado franquista del enclave, Pachecho es claro: “El éxito ya se ha conseguido. Yo personalmente siento mucha alegría y satisfacción”.