En directo. Sin tapujos. Sarah Santaolalla desmonta el discurso alarmista del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), en torno a la okupación. Frente a la narrativa de “emergencia social”, Santaolalla opta por los datos que, de manera directa, le reclama: “Parte de culpa la tienes tú como alcalde de Badalona y tu corporación municipal”. Y poco después, con un giro remató: “O buena gestión, como tú dices, o mala gestión por los problemas que te quejas. Si te crees los datos que da Badalona, créete también los que dan los ministerios”.

El vídeo, difundido en -X -antes Twitter-, refleja con claridad el choque entre dos enfoques distintos como son la estadística oficial, que muestra una incidencia marginal del fenómeno, y la retórica política, que magnifica el problema hasta convertirlo en un eje central del debate público.

Dato mata relato

Según el Ministerio de Vivienda, la okupación afecta aproximadamente al 0,06% del parque de viviendas en España. La mayoría de los casos registrados corresponden a usurpaciones en inmuebles vacíos, no a allanamientos de morada, y solo un pequeño porcentaje incide en viviendas habitadas. En otras palabras: un fenómeno cuantitativamente muy reducido que contrasta con la sensación de amenaza generalizada que se traslada en discursos y titulares.

No obstante, el miedo existe. Y es real, no por su incidencia, sino por su capacidad de ser amplificado. Encuestas recientes muestran que gran parte de la ciudadanía cree que el riesgo de sufrir okupación es miles de veces mayor que el real. Ese desfase entre la estadística y la percepción es terreno fértil para discursos que buscan polarizar.

El “modelo Badalona” como espectáculo político

Albiol ha hecho de la okupación una de sus banderas políticas. Sus intervenciones públicas se multiplican cada vez que un caso local se convierte en foco mediático: vídeos en la calle, confrontaciones con okupas y declaraciones enérgicas frente a cámaras. Ese estilo performativo alimenta la idea de una “crisis permanente”, incluso cuando los datos oficiales la desmienten.

Santaolalla, en apenas dos frases, desnudó esa estrategia tratando que si el problema es tan grave como se dice en Badalona, ¿es una cuestión de gestión municipal? Y si se apela a las cifras, ¿por qué ignorar las del Ministerio que sitúan el fenómeno en márgenes residuales?

El problema no queda en el terreno del relato. La inflación del miedo se traduce en políticas públicas. Un ejemplo reciente es la Comunidad Valenciana, donde PP y Vox han pactado la creación de una oficina “antiokupas” y otras medidas incluidas en los Presupuestos. Iniciativas que destinan recursos públicos a combatir un fenómeno estadísticamente minoritario, mientras problemas estructurales como la falta de vivienda social o el encarecimiento del alquiler siguen sin soluciones de fondo.

Más allá del rifirrafe televisivo, lo que está en juego es el tipo de sociedad que se construye. Magnificar un problema que afecta a una fracción mínima de hogares tiene efectos claros que alimentan la polarización y el miedo, desplazan recursos de prioridades habitacionales reales y normalizan medidas de corte punitivo que difícilmente se justifican con los números sobre la mesa.

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