La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso de Plus Ultra, aerolínea rescatada durante la pandemia, se ha convertido en uno de los objetivos principales de PP y Vox en los últimos días. En el caso del líder de Génova, Feijóo ha apelado a los socios de Sánchez para tratar de derrocarlo, ya que, su narrativa en las últimas horas gira en torno a que Zapatero es un corrupto y que las supuestas ilegalidades se cometieron con el beneplácito del actual jefe del Ejecutivo. El gallego ha asegurado que hará "todo lo posible para un cambio de Gobierno", pero Silvia Intxaurrondo ha señalado un aspecto que habría que "tener en cuenta".
La presentadora de La Hora de La 1 debatía junto a sus colaboradores sobre una posible moción de censura después de que Vox así se la exigiera a los de Génova y, en conjunto, presionen a los socios para que tumben la legislatura. Sin embargo, Intxaurrondo recordaba que, actualmente, la Justicia juzga un importante caso relacionado con el PP: "Zapatero no está en el Gobierno dirán algunos, y todo eso tiene que hacerlo Feijóo si quisiera mover ficha, teniendo en cuenta que la Audiencia Nacional está juzgando también la Kitchen, es decir, la posibilidad de que el PP, con el Gobierno de Rajoy, desde el Ministerio del Interior, pudiese supuestamente haber movilizado a la Policía para ocultar pruebas al juez y beneficiar a su partido".
El periodista Federico Quevedo apuntaba entonces que una moción de censura "es un debate muy peligroso en el que te puede salir muy bien o te puedes caer con todo el equipo", por lo que esta conversación es la que existe ahora "en el seno del PP". "Los que la defienden se amparan en la que ganó moralmente Felipe González contra Adolfo Suárez antes de las elecciones de 1982, en las que luego González sacó mayoría absoluta. Supo utilizar muy bien todos los argumentos para sostener lo que de verdad es una moción de censura, pero hay que tener una habilidad para hacer eso y que no se convierta en un arma arrojadiza", explicaba el colaborador.
La imputación de Zapatero opaca declaraciones de Púnica, Kitchen y los audios de Villarejo
La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra ha sacudido el tablero político y judicial hasta el punto de eclipsar otras causas de enorme relevancia que esta semana estaban marcadas en rojo en la agenda de tribunales. La decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de investigar al exlíder socialista por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en relación con el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea ha monopolizado la conversación pública, la atención mediática y el debate político.
El terremoto provocado por la investigación sobre Zapatero ha coincidido con días especialmente intensos en otras macrocausas vinculadas a la corrupción política y policial de los últimos años. Mientras los focos apuntaban al expresidente socialista y a su futura declaración del próximo 2 de junio, en la Audiencia Nacional seguía desarrollándose el juicio de la Operación Kitchen, la trama parapolicial supuestamente organizada durante el Gobierno de Mariano Rajoy para hacerse con documentación sensible de Luis Bárcenas. Allí, el comisario Enrique García Castaño ha dejado declaraciones comprometedoras para el entorno del Partido Popular, apuntando directamente al interés que mostró María Dolores de Cospedal por los conocidos discos duros del extesorero popular y por la información que pudiera contener sobre el partido.
A ello se suma que durante las sesiones del juicio se han reproducido nuevos audios de José Manuel Villarejo, aunque la difusión pública quedó limitada después de que la magistrada Teresa Palacios decidiera suspender la retransmisión en directo de la vista precisamente durante esas declaraciones. Un material especialmente sensible que, sin embargo, ha quedado prácticamente sepultado bajo el impacto político y mediático de la causa Plus Ultra.
Algo similar ha ocurrido con la Operación Púnica. El juicio de la pieza separada sobre Waiter Music, que investiga presuntas adjudicaciones irregulares de conciertos y eventos en municipios gobernados por el PP madrileño, también ha arrancado esta semana con la declaración de Francisco Granados. Una cita de enorme relevancia judicial que, sin embargo, ha pasado casi desapercibida pese a sentar en el banquillo a varios exaltos cargos y responsables municipales vinculados al PP de Esperanza Aguirre.
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