Este miércoles, 12 de noviembre, llegaba el turno de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, en el juicio en el que se le investiga por la filtración del correo electrónico en el que el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, reconocía haber cometido un doble delito fiscal. Pero, antes, varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se sometían a los interrogatorios. Recuperando uno de los momentos de la intervención de uno de ellos, Silvia Intxaurrondo encuentra "la cuestión más relevante" del juicio.

"Esta es probablemente la cuestión más relevante del juicio al fiscal general del Estado", publicaba la presentadora en su cuenta de X -anterior Twitter- junto a un vídeo en el que uno de los agentes de la UCO responde a algunas preguntas sobre el volcado que realizaron de los dispositivos electrónicos del fiscal.

"¿Es cierto que se hizo un volcado completo de todo el contenido de los dispositivos del fiscal general del Estado?", era preguntado Tras entonar un 'sí', le seguía la siguiente cuestión: "¿Pidieron ustedes autorización para realizar ese volcado completo y no limitado a las fechas que se establecía?". El agente respondía así: "No me acuerdo, pero posiblemente. Tuve varias comunicaciones con el magistrado. No lo sé exactamente, pero de cualquier eventualidad y de cómo se iba desarrollando el registro, se fue dando cuenta al magistrado. No sé exactamente esta cuestión, no la recuerdo". 

"En cualquier caso, entiendo que no consta por escrito esta autorización", proseguían. "Yo no la he visto, pero era informado de manera constante", respondía el agente.

El tribunal quiso conocer los detalles en torno al volcado de los dispositivos incautados al fiscal general del Estado y a la fiscal superior de Madrid, así como los motivos que llevaron a la UCO a concluir que García Ortiz tuvo una "participación preeminente" en "los hechos que, finalmente, derivaron en la filtración investigada". 

Tanto Defensa como Fiscalía insistieron con sus preguntas sobre el registro y el volcado de la información aprehendida al fiscal general y a la fiscal provincial. Cabe recordar que García Ortiz solicitó anular ese registro por considerarlo desproporcionado, alegando, además, que la información incautada podía comprometer la seguridad del Estado.

No obstante, el 30 de octubre de 2024, el juez instructor, Ángel Hurtado, autorizó esa entrada y registro, aunque fijó un límite temporal y otro sustantivo al material que se podían llevar los agentes: la información debía guardar relación con el delito de revelación de secretos investigado y limitarse al periodo del 8 de marzo al 30 de octubre. Este espacio temporal fue acotado posteriormente, siendo del 8 al 14 de marzo.

A lo largo de sus interrogatorios, los agentes de la UCO confirmaron que el contenido de los dispositivos se volcó íntegramente, desobedeciendo al lapso temporal, ya que, según su versión, técnicamente no era posible hacerlo de manera selectiva. Sin embargo, uno de ellos aseguró que sí se podría haber hecho, pero que habría llevado mucho tiempo. 

Pese a que la Sala de Apelaciones del Supremo avaló los registros en su momento, si las defensas consiguiesen que se declaren nulos, los informes que la UCO realizó en base a la información obtenida quedarían fuera de la causa, incluido el que concluía que García Ortiz protagonizó una "participación preeminente" en la filtración de la confesión de González Amador. 

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