El juez Acayro narra el infierno vivido tras ser inhabilitado por el Tribunal Supremo mientras investigaba la corrupción: “La Justicia da miedo”

Luis Acayro Sánchez pasó años investigando la corrupción urbanística en Castro Urdiales (Cantabria), una localidad en la que sus pesquisas alcanzaron a políticos, funcionarios y empresarios. Dos décadas después de iniciar aquella etapa, el magistrado ha perdido su condición de juez tras ser condenado por el Tribunal Supremo a diez años de inhabilitación por prevaricación judicial. Entre ambos momentos hay una historia de denuncias, conflictos judiciales y una sentencia que el propio afectado cuestiona y que también generó discrepancias dentro del alto tribunal. En Salvados, el exmagistrado ha roto su silencio para relatar cómo ha llegado hasta aquí y explicar por qué ha perdido la confianza en la institución a la que dedicó su carrera. 

El magistrado, que ha perdido su condición de juez, pasó de investigar la corrupción urbanística en Castro Urdiales a quedarse fuera de la carrera judicial. La querella que acabó con su inhabilitación la presentó el Colegio de Abogados de Cantabria cuando él competía por la presidencia del TSJ con López del Moral, el mismo que presidía la sala que admitió a trámite la demanda. Por ello, el exmagistrado asegura que ya no puede creer en la Justicia: "En mi caso, no puedo confiar en un juez que cuando va a decidir la admisión a trámite y asumir la ponencia de un eventual juicio contra mí tiene paralelamente recurrida la plaza por mí. No puedo confiar en un magistrado de la Sala Segunda del Supremo que cuando va a resolver un recurso de casación manipula los hechos probados para poder armar una sentencia condenatoria. Esa es mi experencia personal. Sería muy injusto decir de manera generalizada que no se puede confiar en la Justicia, pero tampoco sería justo decir que se puede confiar al 100%. En ocasiones, la Justicia da confianza y, en otras, da miedo. La pérdida de la credibilidad y de la confianza en la Justicia es progresiva y cada vez va a más. Es evidente. Y no hay autocrítica".

Acayro llegó a Castro Urdiales en 2007 como juez de instrucción. Durante los ocho años que permaneció allí investigó numerosas causas relacionadas con presuntas irregularidades urbanísticas y administrativas, en una localidad marcada por el auge inmobiliario. Sus investigaciones provocaron decenas de imputaciones y lo situaron en el centro de la actualidad. Pero, según relata en el programa, aquella labor también tuvo un coste personal y profesional. "Cuando investigas corrupción, te conviertes en alguien muy incómodo", afirma.

El exmagistrado recuerda las presiones y las denuncias que acompañaron sus investigaciones, así como la exposición mediática que, a su juicio, terminó desplazando el foco de las causas a su propia figura. "El caso era yo, la foto era la mía, el titular era mi nombre", lamenta. José Ramón Pérez, sargento retirado de la Guardia Civil que lideró parte de las investigaciones policiales, recuerda en el espacio de laSexta que Acayro les pidió llegar "hasta el fondo, hasta donde llegasen las pruebas".

El segundo gran punto de inflexión llegó en 2020, cuando Acayro optó a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Su rival era José Luis López del Moral, que ya ocupaba el cargo y terminó siendo reelegido. El ya exjuez recurrió el nombramiento ante el Consejo General del Poder Judicial. Meses después, una querella presentada por el Colegio de la Abogacía de Cantabria acabaría dando lugar al procedimiento penal que puso fin a su carrera.

La querella se refería a unas actuaciones de Acayro relacionadas con la petición de información sobre contratos menores de un ayuntamiento que afectaban a un abogado. El exjuez considera especialmente relevante que la admisión a trámite se produjera en una sala presidida por López del Moral, con quien mantenía abierto el conflicto por la presidencia del tribunal. Para Acayro, esa coincidencia comprometía la apariencia de imparcialidad del procedimiento, y es una de las cuestiones que expone en Salvados al reconstruir los acontecimientos que precedieron a su condena.

La condena que acabaría apartándolo de la carrera judicial llegó en 2022. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria le impuso cinco años de inhabilitación por prevaricación judicial, una decisión que Acayro recurrió convencido de que el Supremo podía revocarla. Ocurrió justo lo contrario. El alto tribunal anuló aquella sentencia y dictó una nueva que duplicaba la pena: diez años sin poder ejercer como juez. La resolución consideró que había actuado deliberadamente para perjudicar a un abogado al solicitar información sobre los contratos menores que este mantenía con un ayuntamiento.

Y el cambio de criterio del Supremo es precisamente uno de los aspectos que más cuestiona Acayro.La primera sentencia había apreciado un error de prohibición. Al revisar el caso, el Tribunal Supremo consideró incompatible esa apreciación con la condena por prevaricación dolosa y la eliminó, manteniendo el dolo y elevando la inhabilitación a diez años. La decisión no fue unánime: dos de los cinco magistrados formularon votos particulares en los que defendieron la absolución.

El magistrado, que lleva casi cuatro años apartado de su actividad profesional, ha explicado que no puede ejercer como abogado por los antecedentes penales derivados de la condena y que tampoco dispone de un sueldo ni cobra el paro. A esa situación se suma una reclamación de más de 100.000 euros por las cantidades que recibió durante la suspensión de empleo y sueldo, una prestación condicionada al resultado de los recursos que había presentado. Él mismo la llama una "prestación envenenada": el dinero que le permitió mantenerse mientras esperaba una resolución puede convertirse ahora en una deuda con la Administración.