El camino hacia la aplicación de la ley de amnistía sigue plagado de obstáculos judiciales, y el regreso de Carles Puigdemont a España no parece estar a la vuelta de la esquina. El magistrado Joaquim Bosch ha participado en La Hora de La 1 para desgranar los próximos pasos de este complejo proceso, dejando claro que el futuro del expresident catalán y de otros líderes independentistas pasa, ineludiblemente, por el escrutinio de las altas instancias de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional.
La copresentadora del espacio, Aida Bao, planteó la cuestión central sobre la que pivota ahora mismo el caso: "Para que la decisión final la tengan los tribunales españoles, entiendo que es imprescindible que el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) diga que esto no contradice el derecho europeo". La periodista resumió la gran duda: "Necesitamos un 'sí' del TJUE para poder volver a ver a Puigdemont en España, ¿no?".
El magistrado Bosch asintió y profundizó en el análisis técnico. "Efectivamente, Aida, esa sería la cuestión", confirmó, explicando que la justicia europea deberá pronunciarse sobre si la ley española "es compatible con reglas básicas del estado de derecho en Europa" y con principios elementales como la "seguridad jurídica". Según Bosch, si el TJUE determinase que estamos ante una "autoamnistía" y que la norma "es contraria a los valores democráticos", este duro revés "sí que podría dificultar bastante que el Tribunal Supremo levantara esa orden de detención".
Sin embargo, el magistrado planteó un escenario alternativo y mucho más optimista para los encausados. Si la justicia europea sigue el criterio de la figura del Abogado General —que, como recordó el experto, es lo que hace "en la mayoría de los casos"— la balanza caería del lado del Gobierno. Si Europa concluye que la ley española "no perdona delitos graves", "no es una autoamnistía" y asume que "lo que busca es la reconciliación social y la normalización institucional en un contexto de fuerte conflicto", el panorama cambiaría por completo. "Si dice todo esto, facilitaría efectivamente bastante que el recurso de amparo de Puigdemont y de Junqueras sea estimado", aventuró Bosch.
Tras la futura resolución europea, la pelota volverá al tejado de la justicia española. Álex Barreiro tomó el relevo para preguntar al magistrado por el papel del Tribunal Constitucional en esta "reacción en cadena" y qué es exactamente lo que tendrá que decidir en otoño. Bosch aclaró rápidamente que el Constitucional no tendría que volver a debatir si la ley en su conjunto es válida o no, ya que "ya dio su aval el año pasado en 2025, prácticamente a la totalidad del texto".
La clave de la encrucijada, por tanto, residirá en un aspecto mucho más concreto y polémico: la interpretación restrictiva que hizo el Tribunal Supremo sobre el delito de malversación. Bosch recordó que la alta corte entendió que "el delito de malversación que imputa a Puigdemont, pero también a Junqueras y a otros líderes independentistas, no sería amnistiable" debido a su propia valoración jurídica de la norma.
Esta férrea lectura choca frontalmente con el propósito original de la amnistía, tal y como subrayó el magistrado: "Creo que es poco discutible que la finalidad de quienes redactaron esa ley, el espíritu y la letra, era amnistiar plenamente también por malversación a Puigdemont, a Junqueras y a otros cargos".
Ante esta enorme disyuntiva entre lo que redactó el legislador y lo que acabó interpretando el Supremo, será el Tribunal Constitucional quien tenga la última palabra una vez que Europa marque el camino. Bosch concluyó recalcando que la labor de la corte de garantías en los próximos meses se limitará a analizar "únicamente el caso concreto de si la malversación debe ser perdonada a Puigdemont", zanjando que el debate general sobre la legalidad de la amnistía ya es un capítulo cerrado.
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