El pasado miércoles, 16 de julio, se conocía la imputación de Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda y Función Pública en los gobierno del Partido Popular. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, ha procesado también a su anterior equipo por haber liderado una “organización” para traficar con leyes a cambio de beneficios económicos. En total, suman 28 las personas físicas imputadas y otras seis personas jurídicas que habrían cometido siete presuntos delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. 

Desde Mañaneros 360, Javier Ruiz ha desgranado el caso, explicando las principales claves. Como resume el presentador, lo que hacían el exministro y su equipo, "según dice el juez, es redactar leyes a cambio de pagos a Equipo Económico".

La primera de estas leyes data de 2014 y fue creada con el objetivo de "bajar los impuestos a las gasistas": "Lo que dice el juez es literalmente esto, que hay empresas que pagan y que lo que ocurre es un beneficio fiscal dando lugar a una situación que puede calificarse como externalización". Así, Ruiz explicaba que "quien paga puede escribir su propia norma fiscal, puede pagar menos impuestos". "Y dice el juez que lo único que determina si pagas o no pagas es que hayas pasado por Equipo Económico previo acuerdo sobre el precio que deberían satisfacer al despacho. El magistrado dice que hay empresas que hacen labores de consultoría y cobran diez veces menos que el despacho de Montoro", añadía.

Tal y como apuntaba el presentador de TVE, hay "una segunda ley en 2018, cuando el PP está perdiendo el poder": "Esta ya no es una rebaja de un pequeño impuesto, es la rebaja del impuesto de actividades económicas, el grueso de lo que pagan las empresas". Ruiz aportaba la explicación de lo que el magistrado señala con respecto a esta norma: "Y aquí el juez dice que solo con la intervención de Equipo Económico mediante pago se consigue esta rebaja. Que las empresas que querían pagar menos lo habían intentado por la vía oficial dos veces y no había funcionado, pero que después de contratar a Equipo Económico, este consigue que la norma que redactan las pocas empresas se vaya al BOE".

A modo de resumen, Ruiz subrayaba que "lo que dice que todo esto obedece a una prestación que cubre una comisión para el ejercicio de influencias" y que "lo que está diciendo la Justicia es que hay compra y venta de leyes". "La batería de delitos de quienes deben velar por la Agencia Tributaria y por la limpieza de lo público es brutal: cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociación prohibida, falsedad documental y corrupción en los negocios. En una Agencia Tributaria que debe velar por la limpieza de los negocios. La profundidad de la acusación es de este calibre", sentenciaba. 

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