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El Regate

El Mundial de 2030 pierde ciudades por el camino: de los 270 millones de Málaga al pulso de Bilbao y San Sebastián

Málaga, A Coruña y Gijón se apartaron del proyecto mientras Bilbao y San Sebastián discuten las exigencias económicas del torneo

Imagen de recurso de San Mamés. Archivo.

Imagen de recurso de San Mamés. Archivo.

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Málaga, A Coruña y Gijón han renunciado a sus aspiraciones mundialistas, mientras Bilbao y San Sebastián mantienen un pulso con la FIFA por las condiciones económicas de la competición. A cuatro años de que España, Portugal y Marruecos acojan el Mundial de fútbol de 2030, las ciudades que inicialmente se ofrecieron a organizar partidos han empezado a comprobar que el acontecimiento deportivo más importante del planeta también exige importantes compromisos presupuestarios. Reformas de estadios que alcanzan los 270 millones de euros, obligaciones fiscales, gastos de organización y condiciones contractuales han convertido la elección de las sedes en un debate que trasciende el fútbol.

La controversia ha adquirido una nueva dimensión esta misma semana. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, confirmó este jueves que la FIFA no acepta la propuesta presentada por las instituciones vascas para que Bilbao y San Sebastián compartan una única sede mundialista. La fórmula pretendía repartir determinados gastos y evitar que las dos ciudades tuvieran que asumir por separado todas las obligaciones de la organización. El rechazo deja a ambas candidaturas ante una decisión que todavía no está resuelta.

El problema no es exclusivo de Euskadi. Málaga y A Coruña, dos de las once sedes incluidas inicialmente en el proyecto español, ya han renunciado oficialmente. Gijón abandonó antes la carrera por albergar partidos al considerar inasumibles las condiciones que debía aceptar. Cada ciudad ha recorrido un camino diferente, pero sus decisiones ponen de manifiesto una cuestión común: quién paga realmente la organización del Mundial y qué obtiene a cambio.

Málaga, A Coruña y Gijón: tres renuncias que explican el precio del Mundial

La retirada más costosa sobre el papel fue la de Málaga. El Ayuntamiento, gobernado por Francisco de la Torre, anunció en julio de 2025 que renunciaba a albergar partidos del Mundial después de meses de incertidumbre sobre la remodelación de La Rosaleda. La reforma había alcanzado una estimación cercana a los 270 millones de euros, una inversión que debían afrontar conjuntamente el consistorio, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía.

No era únicamente una cuestión de dinero. Las obras obligaban al Málaga CF a abandonar temporalmente su estadio y trasladarse a una instalación alternativa con capacidad para aproximadamente 12.500 espectadores, cuando el club superaba los 26.000 abonados. La operación suponía dejar sin asiento a miles de aficionados durante buena parte de la transformación del recinto.

El proyecto, además, ya había generado gastos antes de ser descartado. Según publicó la Cadena SER, el Ayuntamiento reconoció que se habían encargado 16 trabajos y proyectos relacionados con la candidatura por más de 494.000 euros. Una inversión preparatoria que no terminó desembocando en la celebración del campeonato y que evidencia que la factura de una candidatura puede comenzar bastante antes de la adjudicación definitiva.

En A Coruña, la renuncia llegó el 16 de marzo de 2026. La alcaldesa, Inés Rey, comunicó que la ciudad abandonaba la carrera mundialista y anunciaba, en su lugar, un acuerdo con el Deportivo, Abanca y la Diputación para impulsar la modernización del complejo deportivo de Riazor.

La reforma necesaria para adaptar Riazor a las exigencias del Mundial había llegado a manejar estimaciones próximas a los 100 millones de euros. El Ayuntamiento optó finalmente por un proyecto diferente, centrado en las necesidades del estadio y de las instalaciones deportivas de la ciudad, sin tener que cumplir todas las condiciones impuestas para recibir partidos del campeonato.

Rey defendió la decisión como una cuestión de responsabilidad económica y dejó claro que el objetivo no podía ser comprometer el futuro de la ciudad por un número reducido de encuentros. El nuevo proyecto de Riazor también requerirá financiación, pero renunciar al Mundial permite desvincular la reforma de los requisitos específicos de la FIFA. En el momento del anuncio no se había concretado públicamente el reparto definitivo de la inversión entre las entidades participantes.

El precedente más temprano había llegado desde Gijón. En febrero de 2024, el gobierno municipal encabezado por Carmen Moriyón decidió no continuar con la candidatura de El Molinón, después de que el proyecto inicial de transformación del estadio, promovido desde el entorno del Sporting, hubiera superado los 300 millones de euros.

El Ayuntamiento cuestionó la ausencia de garantías suficientes sobre el coste final y su financiación. La negativa municipal se resumió en una expresión que ha terminado definiendo buena parte de la controversia: no firmar un cheque en blanco con dinero público. A diferencia de Málaga y A Coruña, Gijón no llegó a formar parte de las once sedes finalmente incluidas por España en el dosier presentado a la FIFA.

Bilbao y San Sebastián plantan cara a las condiciones económicas de la FIFA

El conflicto más reciente se concentra en San Mamés y Anoeta. Las instituciones vascas comenzaron a cuestionar durante la primavera las obligaciones económicas que debían asumir para convertirse en sedes. Según las informaciones publicadas por elDiario.es y El País, las exigencias trasladadas por la FIFA situaban las necesidades de financiación en torno a 50 millones de euros por sede, aunque el importe dependía de las características de cada candidatura.

La discusión iba más allá de las obras en los estadios. Entre las condiciones examinadas figuraban exenciones fiscales, compromisos organizativos, instalaciones complementarias y obligaciones vinculadas a la explotación comercial del campeonato. Las administraciones debían valorar también qué gastos asumirían directamente y cuáles corresponderían a los clubes o a otros participantes.

Ante esas exigencias, los ayuntamientos de Bilbao y San Sebastián, las diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa y el Gobierno vasco anunciaron en junio una propuesta conjunta. Su planteamiento era mantener dos estadios, pero una sola sede organizativa, con el objetivo de compartir determinados recursos y limitar el coste total.

La propuesta chocó con la interpretación de la FIFA, que considera San Mamés y Anoeta dos sedes diferenciadas. El rechazo, comunicado esta semana y confirmado por Louzán el 19 de noviembre, obliga a las instituciones implicadas a revisar su posición. Los responsables municipales han pedido tiempo para estudiar la documentación recibida antes de decidir sus siguientes pasos.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ya había advertido en junio de que quería mantener la candidatura, pero no bajo cualquier condición. La decisión pendiente no es menor: aceptar las obligaciones separadas, intentar negociar nuevas condiciones o reconsiderar la participación en el torneo.

Gran Canaria demuestra hasta dónde puede crecer la factura

Mientras unas ciudades abandonan el proyecto, otras continúan adelante con inversiones de gran magnitud. Uno de los ejemplos más significativos es Gran Canaria, donde la reforma y ampliación del estadio mundialista ha atravesado dificultades presupuestarias y administrativas.

El primer concurso, con un presupuesto de 174,7 millones de euros, quedó desierto en julio de 2026. El Cabildo tuvo que convocar una nueva licitación, elevando el presupuesto a 234,8 millones, alrededor de un 34% más que en el procedimiento inicial.

Finalmente, el pasado 28 de octubre, el Instituto Insular de Deportes adjudicó las obras a la unión temporal de empresas formada por OHLA y Sando, por un importe cercano a 206,3 millones de euros con impuestos incluidos. La operación contempla una transformación profunda del recinto y un plazo de ejecución de aproximadamente 30 meses.

La financiación prevista combina aportaciones de distintas instituciones y del club. El modelo anunciado contempla 134 millones del Cabildo, 60 millones de la UD Las Palmas, 25 millones del Gobierno de Canarias y 15 millones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Estas cantidades corresponden al esquema de financiación comunicado durante la licitación y deben distinguirse del importe finalmente adjudicado.

El caso ilustra uno de los principales riesgos económicos de la organización: las estimaciones iniciales pueden modificarse antes incluso de que comiencen las obras. La reforma no solo debe cumplir los plazos del Mundial, sino garantizar que la inversión tenga utilidad para la ciudad y sus equipos después de 2030.

El debate se extiende también a otros recintos, como La Nueva Romareda de Zaragoza, cuyo coste fue objeto de observaciones de la Cámara de Cuentas de Aragón. El organismo fiscalizador cifró en al menos 173 millones de euros el coste asociado al nuevo estadio y reclamó una mayor claridad en su plan de negocio, incluyendo actuaciones complementarias.

El Mundial que deja dinero, pero también exige garantías públicas

La FIFA y los promotores del campeonato defienden que albergar partidos de una Copa del Mundo representa una oportunidad para atraer turismo, generar actividad económica y mejorar infraestructuras. Son beneficios potenciales relevantes, pero no equivalen automáticamente a ingresos para las arcas públicas.

Una estimación de impacto económico puede incluir el gasto de visitantes en hoteles, restaurantes, transporte o comercios. Ese dinero beneficia a diferentes empresas y trabajadores, pero no debe confundirse con la recaudación fiscal ni con el retorno directo de las inversiones municipales. Tampoco garantiza por sí solo que una reforma deportiva resulte rentable a largo plazo.

A ello se añaden los compromisos contractuales exigidos a las ciudades anfitrionas. La organización necesita instalaciones adaptadas, zonas de seguridad, espacios para medios de comunicación, alojamientos y servicios de movilidad. Las garantías fiscales y comerciales constituyen otro elemento especialmente discutido, porque afectan al reparto de los ingresos y obligaciones entre la FIFA y las instituciones que participan en el torneo.

El proceso español ha dejado, por tanto, dos realidades diferentes. Málaga, A Coruña y Gijón han preferido abandonar sus aspiraciones mundialistas antes que continuar con proyectos cuya dimensión económica o condiciones consideraban problemáticas. Bilbao y San Sebastián siguen pendientes de una decisión después del rechazo a su fórmula conjunta. Y ciudades como Las Palmas de Gran Canaria avanzan con inversiones que superan los doscientos millones de euros.

La elección definitiva de las sedes continúa abierta. La RFEF ha planteado incorporar Valencia y Vigo para cubrir las vacantes dejadas por Málaga y A Coruña, aunque la decisión corresponde a la FIFA. A cuatro años del torneo, la discusión ya no se limita a qué estadios tendrán el privilegio de organizar partidos: también se centra en cuánto están dispuestas a comprometer las ciudades para conseguirlos.

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