Desde que se publicaron las primeras informaciones sobre los pagos del FC Barcelona a José María Enríquez Negreira en febrero de 2023, el caso se ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia reciente no solo del fútbol español, sino también del europeo. 18 años de supuestos pagos de la entidad catalana al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) cuyo fin aún no ha quedado esclarecido: informes fantasmas, acusaciones de intentar influir en decisiones arbitrales, imputaciones de expresidentes y una investigación judicial que ha ido creciendo en plazos y complejidad. El proceso ha dejado claro que hay muchas cosas en juego: credibilidad, integridad deportiva y la necesidad de que la justicia determine con pruebas si hubo delito.
Concretamente, estos pagos se produjeron entre los años 2001 y 2018, tiempo en el que Negreira ocupaba el cargo de vicepresidente del CTA. El montante total fue de unos 7,6 millones de euros y el FC Barcelona alegó en aquel momento que esa cantidad fue destinada a elaborar informes arbitrales, asesoramientos técnicos o evaluaciones de desempeños. Sin embargo, se investiga si los pagos tenían como fin buscar la obtención de un trato favorable en decisiones arbitrales o influir en ascensos, descensos o internacionalidades de los colegiados del fútbol español.
Los ingresos que recibió Negreira durante 18 ejercicios fiscales sucedieron durante los mandatos de cuatro presidentes culés diferentes: Joan Gaspart (2000-2003), Joan Laporta (2003-2010), Sandro Rosell (2010-14) y Josep María Bartomeu (2014-2020). Estos fueron aumentando con el paso de las temporadas, ya que comenzaron siendo algo menos de 100.000 euros los primeros años y terminaron en unos 700.000 a partir de 2011. Los pagos finalizaron cuando Negreira dejó la vicepresidencia del CTA tras finalizar la etapa de Ángel María Villar al frente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Según consta en el sumario del caso, el propio Negreira amenazó a Bartomeu con “revelar hechos que podrían perjudicar gravemente al club” cuando este se quedó sin su principal fuente de ingresos.
La fase de instrucción avanza con las declaraciones de los investigados
El Caso Negreira aún se encuentra en fase de instrucción, cuyo principal objetivo es esclarecer los hechos e identificar a los responsables del presunto delito para, llegado el caso, abrir la vía del juicio oral, que es la siguiente fase. La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, citó el pasado 22 de abril a los expresidentes culés Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, además de a la pareja de Negreira, su hijo y dos exdirectivos del Barça, Albert Soler y Óscar Grau a comparecer este jueves como investigados. El hijo de Negreira, Javier Enríquez, ha dicho tras salir del juzgado que ha esperado "para hablar con quien tenía que hablar". "He defendido la verdad que conozco”, ha apostillado. Hasta ese momento, el único que había declarado ante la jueza había sido el propio Enríquez Negreira, quien el pasado marzo alegó demencia y se acogió a su derecho a no comparecer.
Tras las seis declaraciones de este jueves, el siguiente paso serán las citaciones como testigos el próximo mes de noviembre del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta y de los exentrenadores culés, Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde. La fase de instrucción del caso incluye varios informes en los que la Guardia Civil ha analizado la abundante información entregada por la entidad blaugrana e incautada en los registros practicados. Por el momento, no se han encontrado indicios concluyentes sobre el por qué de los pagos.
¿A qué posibles sanciones se enfrenta el Barça?
Entre los escenarios reales que se vislumbran para el club hay que tener en cuenta que, en el ámbito deportivo nacional, se han descartado sanciones disciplinarias para el Barça debido a que los hechos investigados han prescrito. En cambio, en la vía penal, no todos los posibles cargos estarían eximidos por el paso del tiempo. Si se prueban delitos como corrupción entre particulares o cohecho, el club catalán podría ser penado con multas, inhabilitación para ejercer ciertas actividades y otras sanciones jurídicas graves. También, la entidad jurídica del club podría ver comprometida su imagen legal de cara a inversores, contratos, patrocinios o licencias relacionadas con organismos reguladores, federaciones nacionales o internacionales. La posibilidad de demandas de terceros (otros clubes, socios, federaciones) no está descartada si demuestran perjuicios reales.
Aunque en España parezca que no habrá sanción deportiva interna, existe la posibilidad de que la UEFA u organismos internacionales tomen nota del caso si lo consideran un incumplimiento grave del código ético o disciplinario aplicable en competiciones europeas. Se ha hablado de que el Barça podría exponerse a sanciones en torneos internacionales si se probara mala conducta. La mancha moral ya está ahí: los socios, aficionados, patrocinadores, medios de comunicación tienen dudas, percepciones de falta de transparencia, de doble vara de medir, de comportamientos poco lícitos... Esa desconfianza cuesta, aunque no se traduzca en sanción legal. El club lo reconoce: “no ayuda a la marca”, “no favorece la imagen”, aunque aseguran que no anticipan impacto económico directo en el corto plazo.
