Límite de inembargabilidad
Así, y una especie de guiño a las reclamaciones del 15 M y tras el apoyo ayer de todos los partidos, se amplía el límite de inembargabilidad de los ingresos desde el actual 110 por 100 del salario mínimo interprofesional hasta el 150 por 100 (961 euros efectivos) para aquellos deudores que han perdido su vivienda habitual. Esta cantidad puede llegar hasta los 1.400 euros si hay personas dependientes sin ingresos o si estos son limitados.
Subastas hipotecarias
En las subastas hipotecarias, el depósito para poder acceder a la subasta se baja hasta el 20%, frente al 30% actual, para, según explicó el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, facilitar la competencia y que las pujas no queden desiertas. Además, nadie se podrá adjudicar un bien en subasta por debajo del 60% del valor de tasación del bien subastado, incluso si ésta queda desierta e independientemente del importe de la deuda.
Línea ICO para deudas con Ayuntamientos
Tambien se faculta al Instituto de Crédito Oficial para establecer una línea de préstamos a las entidades locales para el pago de las facturas pendientes con empresas y autónomos a 30 de abril de 2011. El importe será un 25% de la subvención que reciben anualmente los ayuntamientos y que se cifra, según Rubalcaba, en 3.400 millones de euros. El ICO gestionará esos fondos, que se descontarán de las subvenciones.
Fomento de la inversión empresarial
Se fomenta la inversión en nuevas empresas mediante la exención fiscal a las plusvalías que se obtengan. Se trata de facilitar la obtención de fondos a aquellas empresas, sobre todo de nueva creación, que tienen dificultades de acceso al crédito. Quiénes inviertan en esas empresas, los llamados business angels, podrán desgravar hasta 25.000 euros anuales en el IRPF y no tendrán que tributar por las plusvalías que pudiera producir esa inversión. También se agilizan los trámites para crear empresas.
Se introduce la regla de gasto
El decreto también reforma la Ley de Estabilidad Presupuestaria para introducir una regla de gasto en las administraciones públicas. En líneas generales, supone que ninguna ente local podrá gastar más de lo que crezca su economía. El techo se fijará para un periodo largo, por lo que habrá años de superávit que permitirán compensar los años de déficit. Esta propuesta se llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera para impulsar el techo de gasto en las Comunidades Autónomas, que son las que tienen que aprobarlo.
