La Unión General de los Trabajadores (UGT) denuncia el incremento del control sobre los trabajadores a través de los algoritmos de monitorización, que se han hecho más evidentes tras el aumento del teletrabajo.
De acuerdo con el estudio Employee monitoring and surveillance: The challenges of digitalisation, elaborado por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, hasta el 40% de las empresas españolas estarían utilizando algoritmos para la monitorización de la actividad laboral, así como para evaluar el desempeño diario de sus empleados.
Conforme a los datos aportados por las propias compañías, el uso de estos softwares se ha incrementado de forma proporcional al teletrabajo. Basta comprobar el incremento de facturación que los proveedores de estas soluciones informáticas están experimentando. Compañías como Personio suman ya 200 millones de dólares a las cantidades recaudadas el pasado octubre.
Desde el sindicato apuntan que resulta llamativo que “un tejido productivo como el español, con un grado escaso de digitalización y cifras ridículas de empleo tecnológico en comparación con el resto de la UE, lidere el aspecto más oscuro de la digitalización”.
Las media europea de empresas que utilizan este tipo de vigilancia no alcanza el 30% y países como Alemania, Francia o el Reino Unido, que cuentan con un porcentaje de un 15%, 25% y 26%, respectivamente, se quedan lejos de los niveles de intrusión de las empresas españolas.
Empresas como Glovo, Uber o Amazon utilizan este tipo de algoritmos de vigilancia que bonifican o penalizan a los trabajadores dependiendo del tiempo que emplean en realizar las entregas o la cantidad de pedidos que aceptan o rechazan, limitando finalmente la retribución de los trabajadores.
Los algoritmos vulneran el derecho a la intimidad
“Este tipo de prácticas suponen una clara vulneración de derechos fundamentales de las personas trabajadoras, puesto que afecta a su privacidad e intimidad”, apuntan desde UGT. La parte sindical asegura también que una gran cantidad de compañías no cumple con los exigidos de “proporcionalidad, idoneidad, necesidad e información previa para poner en marcha este tipo de vigilancia.”
En virtud de los derechos que proporciona la denominada Ley Rider, en cuanto a recibir información sobre el uso de estas herramientas informáticas en las empresas, y conforme a la jurisprudencia existente, el sindicato exigirá el cumplimiento estricto de las normas legales aplicables, implicando para ello tanto a la Inspección de Trabajo como a los Juzgados de lo Social.
“El sindicato no va a permitir este tipo de abusos que vulneran el derecho a la intimidad de las personas trabajadoras”, zanjan desde UGT.
