Los días 2 y 3 de octubre, Málaga acoge la Cumbre Mundial de Inversiones de Impacto, un foro internacional donde más de mil delegados y delegadas va a debatir sobre el presente y futuro de la economía de impacto, una de las principales innovaciones económicas de los últimos 15 años. La denominada economía de impacto basa su razón de ser en la generación de un impacto cuantificable y pretendido en términos sociales y ambientales. No se trata, por lo tanto, de “no hacer daño”, que es el enfoque habitual es la valoración de los efectos sociales, ambientales y de gobernanza de las empresas e inversiones, sino, avanzando más allá, orientar el sistema económico hacia la consecución de objetivos conscientemente elegidos en estos ámbitos. Conceptualizada hace una década por Sir Ronald Cohen, la economía de impacto busca incorporar al traicional binomio riesgo-rentabilidad de las inversiones la nueva categoría de impacto social y ambiental. Desde su conceptualización en el marco del G7, se ha producido un crecimiento global exponencial, incluyendo no sólo el crecimiento cuantitativo, sino la consolidación de toda una industria que incluye fondos especializados, estándares internacionales, métricas e informes comparativos, y progresos institucionales. No es un esfuerzo banal: las necesidades de financiación para el cumplimiento de los ODS, incluyendo los objetivos climáticos, se sitúan en torno a los 4 billones de dólares anuales de aquí al 2030. Una cifra astronómica para los poderes públicos, pero no tan grande si tenemos en cuenta el tamaño de nuestros mercados financieros internacionales.
Gracias a empresas que buscan la inserción sociolaboral de personas en situación de exclusión, startups que ofrecen servicios innovadores en el ámbito de la economía circular o del cambio climático, o emprendedores sociales cuyo objetivo es proporcionar alternativas de actividad económica sostenible en la España vaciada, la Economía de Impacto ha experimentado un notable avance en los últimos años en nuestro país, gracias al esfuerzo del ecosistema de inversores, instituciones académicas, aceleradoras de impacto social y, sobre todo, emprendedores y emprendedoras que han buscado, de esta manera, la satisfacción de sus objetivos de transformación social.
En 2021, la inversión de impacto gestionó en España un total de 2500 millones de euros: es una cifra muy significativa que evidencia el fuerte crecimiento de los últimos años. No es ajeno a este esfuerzo el trabajo desarrollado por el Consejo Asesor Nacional de Inversiones de impacto, una plataforma donde se congregan los principales actores del sector, y que actúa como entidad anfitriona del encuentro global de Málaga. El Consejo Asesor Nacional ha desarrollado la doctrina, el desarrollo de estándares y la sensibilización necesaria para que España haya podido contribuir, de esta manera tan decisiva, al desarrollo de esta modalidad de inversión sostenible. Pese a que el gobierno no cuenta con ninguna entidad específicamente destinada a promover la inversión de impacto, el Instituto de Crédito Oficial ha venido trabajando en este ámbito, y el Banco Europeo de Inversiones ha destinado importantes cantidades a la financiación de fondos de inversión social y aceleradoras en nuestro país. Finalmente, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, COFIDES, la Compañía Española de Financiación para el Desarrollo, va a lanzar un fondo de inversión de impacto de 400 millones de euros destinados a promover el emprendimiento social, la economía social y la inversión de impacto. Se trata de una medida de gran calado que se enfrenta a numerosos desafíos. La experiencia de COFIDES en la gestión de instrumentos similares, como lo es su contribución a la gestión del Fondo Español para el Desarrollo Sostenible -un instrumento de apoyo internacional para el desarrollo creado en 2011 pero reformulado en 2022- y la puesta en marcha de una iniciativa de inversiones de impacto para empresas que buscan la internacionalización, en continuidad del proyecto desarrollado, a modo de piloto, por el ICEX en los años 2016 y 2018.
Con todo, en España la inversión de impacto crece gracias, sobre todo, al impulso del sector privado y el sector social, y el gobierno y las administraciones públicas van, de momento, un paso por detrás. España no tiene todavía un marco claro y efectivo para que la contratación pública pueda avanzar en la promoción del emprendimiento social y la economía de impacto, y tampoco existen iniciativas de calado para promover la asistencia técnica, el apoyo temprano y el fortalecimiento del ecosistema, como sí tiene nuestro vecino Portugal, a través de su fondo de innovación social, financiado por el Fondo Social Europeo. Por su carácter multidisciplinar, que afecta a las competencias de diferentes departamentos -empleo, derechos sociales, transición ecológica, y economía- no hay una ventanilla única en España donde el sector puede dirigirse para impulsar una innovación que es al mismo tiempo social, económica y ambiental. El plan de finanzas sostenibles, a punto de despegar desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transición Digital, sería el puente perfecto para avanzar en esta dirección, pero no estaría de más que, en el futuro gobierno de España, se estableciera una autoridad con capacidad de coordinación y competencias para no dejar morir este impulso de la sociedad civil y adecuar las políticas públicas de apoyo, financiación y compra pública a sus objetivos, que no son otros que los de orientar la economía hacia objetivos societales ampliamente aceptados.
