Taxistas y Riders se han unido para denunciar a Uber Eats. Las organizaciones Élite Taxi, RidersxDerechos y Taxi Project han presentado una querella ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional por presuntos delitos de estafa, contra los trabajadores contra la Hacienda pública y contra la Seguridad Social, todo ello enmarado “dentro de una posible organización criminal". El escrito presentado acusa a Uber Systems Spain y Portier Eats Spain, que conforman Uber Eats, y contra varios directivos.

"Uber Eats ha hecho un giro en su modelo: de los falsos autónomos pasó a la subcontratación temporal, donde ha externalizado fraudulentamente toda su actividad a diferentes empresas", denuncian los querellantes en un comunicado. “Imponen rotación e inestabilidad entre los trabajadores, aun cuando Uber Eats sigue estableciendo las condiciones y gozando de las rentas derivadas de su trabajo", han añadido. En suma, han presentado la querella por la “presunción de varios delitos”.

Entre ellas, las organizaciones destacan “la ideación de un modelo para fraude y lucro ilícito de la compañía, utilizando falsos autónomos para simular trabajos en su beneficio y perjuicio de los trabajadores". Los afectados han recordado que la Audiencia Nacional ya obligó a Uber Eats, el pasado 13 de diciembre de 2022, a regularizar a casi 4.500 trabajadores por cuenta ajena y a pagarles su correspondiente indemnización por despido colectivo.

Desde Élite Taxi lamentan que la compañía se aproveche de la situación desesperada de muchos trabajadores para contratar a falsos autónomos “a través del engaño y abusando de su estado de necesidad, por su especial situación de vulnerabilidad, pero con grave perjuicio a sus condiciones laborales y de seguridad social, vulnerando con esta conducta los derechos de los trabajadores”.

La compañía reconoció los hechos en su momento, por lo que al no extenderlo al resto de las personas trabajadoras, es de ahí de donde se deriva la presunta comisión de los delitos", han añadido taxistas y riders. “La compañía Uber Eats se ha asentado y expandido en territorio español gracias a la sofisticación y abuso de la figura del falso autónomo, siendo un factor clave para, junto a otras plataformas como Glovo o Deliveroo, hacer crecer exponencialmente el mercado del reparto a domicilio, donde se ha hecho común la ausencia de derechos laborales mínimos, tales como la jornada máxima, salario mínimo, vacaciones, baja maternal, paro”, han denunciado.

¿Qué delitos aluden?

Las organizaciones han desgranado los delitos presuntamente cometidos, que ascienden hasta cinco, en su comunicado. El primero de ellos es el delito de estafa, tipificado en el artículo 248 del Código Penal, en el que consideran que incurre la compañía “por imponer condiciones legales y de seguridad social a los trabajadores, quienes resultaron perjudicados”. También señalan el artículo 250 “al causar una agravación que afectó al trabajo como bien de primera necesidad y al colectivo de trabajadores vulnerables”.

En referencia al delito contra la Hacienda Pública, señalan los artículo 305 y 305 bis “al obligar que trabajadores por cuenta ajena emitan una factura falsa; además de defraudar en el IVA, al deducirse el soportado en dichas facturas, con daño al erario público”. Sobre el fraude a la Seguridad Social, señalan el 307 y 307 bis “por haber constituido un entramado para defraudar a la Seguridad Social con las cuotas correspondientes al régimen general de sus trabajadores por cuenta ajena”.

Por último, acusan a Uber Eats de “haber infringido gravemente el artículo 311 del Código Penal”. Esto hace referencia a la contratación de falsos autónomos, momento en el que hace referencia al "engaño" y "abuso" sustentando en la vulnerabilidad de los trabajadores.

Primero fue Glovo

El paso 20 de septiembre, Observatorio de Trabajo, Algoritmo y Sociedad, RidersxDerechos y Taxi Project 2.0 ya iniciaron un proceso similar contra Glovo. La querella contra esta compañía apuntaba a presuntos delitos contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social, estafa y contra los derechos de los trabajadores. Esta fue la precursora y la primera demanda penal que se presenta contra la empresa por contratar supuestamente falsos autónomos, explican los querellantes en un comunicado.

Tras la reciente reforma del Código Penal, "se abre la puerta a juzgar la persistencia de este tipo de delitos", señalan los denunciantes. "Creemos que, después de decenas de sentencias (incluida la del Supremo), dos años de la Ley Rider y una reforma del Código Penal, éste no debía de recaer en el observatorio y las entidades colaboradoras (Taxi Project 2.0 y RidersxDerechos); es decir, en los trabajadores", añaden.