El Consejo de Ministros aprueba este martes la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.080 euros que se conoce desde hace dos semanas, cuando el presidente del Gobierno la anunció durante el cara a cara con el líder de la oposición celebrado en el Senado. Los sindicatos, presentes en la negociación, valoraron positivamente la subida, aunque esta se mantiene por debajo de su propuesta y esperan más progresiones futuras. La patronal, que declinó acudir a la mesa de diálogo y cuya propuesta estaba por debajo de la horquilla planteada por los expertos, no ven con buenos ojos el incremento del 8% y pone el foco en sectores como el campo para justificar su negativa.

El ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por Yolanda Díaz, se movía entorno a la horquilla planteada por los expertos consultados, entre los 1.046 y los 1.082 euros, aunque la propia ministra auguraba que el aumento se situaría en el tramo más elevado. UGT y CCOO eran más ambicioso y exigían una subida que alcanzase los 1.100 euros. Por último, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) moderaba el incremento y proponía, vía escrita, 1.040 euros. Finalmente, ninguno de los agentes sociales ha visto cumplida su pretensión y el incremento ha colocado el SMI en los 1.080 euros, cerca del máximo planteado por los expertos, y será revisado a los seis meses por si fuese necesario un nuevo aumento.

Acuerdo “importante” para los sindicatos

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales fue calificado por estas últimas como “importante”, aunque no como suficiente. "Para UGT, este acuerdo nos sitúa en la senda, pero tampoco consigue el objetivo del 60% del salario medio, porque el informe de los expertos ha hecho proyección del 2022 y este es el SMI del 2023", Señalaba Pepe Álvarez, secretario general de UGT. De hecho, ambos sindicatos implicados solicitaban una subida mayor y retaba a aquellos que se posicionaban en contra “a vivir un mes con 1.000 euros”. “Con 1.100 alguien me dirá que tampoco se puede vivir y tiene razón”, añadía.

Su homólogo de CCOO, Unai Sordo, defendía antes de la subida un discurso similar. “Lo razonable es que haya una subida vigorosa”, apuntaba apoyándose en el avance generalizado de la inflación durante todo 2022 y, más concretamente, en los alimentos. Además, acusaba a la CEOE de plantear una propuesta a la baja para “abrir hacia abajo una horquilla y tirar hacia abajo la subida del SMI”. Una vez conocida la cuantía final, Sordo destacaba la importancia de esta para reducir la brecha salarial entre hombre y mujeres. “Mujer de entre 16 y 34 años, con contrato temporal y que trabaja en el sector agroalimentario o en los servicios", definía el secretario general de CCOO el perfil del perceptor del SMI.

La patronal no acudió a la negociación

La patronal representada en esta negociación, CEOE y Cepyme, ni siquiera acudieron a las negociaciones a las que fue convocada por el Ministerio de Trabajo. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE envuelto en polémica en las últimas semanas, justificó el plantón culpando a Díaz. "No puedo mandar a ningún técnico a negociar porque no tenemos una propuesta. Qué mínimo que tener una propuesta ayer por la noche", señalaba el empresario vasco. El único aporte de la patronal a estas negociaciones fue la propuesta de 1.040 euros, remitida vía correo al Ministerio.

De hecho, mientras se celebraba la reunión el empresario vasco se encontraba en un encuentro organizado por Fundación Repsol con jóvenes empresarios. “El SMI es una cosa del Gobierno. No es una negociación de la mesa de diálogo social, es un proceso de previa consulta a los agentes sociales", explicaba desde allí. Iba más allá al señalar que la única pretensión de la reunión era "solo la foto". “No vamos a ir a una reunión del SMI en la que no se va a hablar de lo que afecta al salario mínimo. Es una competencia del Gobierno y si quiere hacerlo así que lo haga”, concluía.

Sobre la horquilla propuesta por los expertos, el presidente de los empresarios fue muy crítico. “Los expertos a mí no me tienen nada que decir. Yo represento a las empresas que son las que pagan los salarios”, señalaba. No obstante, Garamendi aseguraba no estar en contra de subir el SMI, pero hacía alusión a sectores como el campo, sector en el que casi la mitad de los trabajadores cobran lo mínimo legal, para posicionarse en contra de un aumento sustancial.