Una de las armas favoritas que esgrime la derecha española es la deuda pública que las políticas expansivas usualmente adoptadas por las administraciones de izquierdas suelen generar.

Sin embargo, una gran losa de deuda pública que pesa sobre el actual Ejecutivo no proviene precisamente del gasto público, si no de los 33.664 millones de euros provenientes del ‘banco malo’ que por mandato de Eurostat comenzaron a contar el pasado año como deuda pública.

La decisión adoptada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy de crear la Sareb para soslayar los efectos producidos por la crisis financiera del 2008, suponen hoy un coste a las arcas públicas de casi 35.000 millones de euros. Sin embargo, las críticas del PP de Feijóo no hacen más que arreciar pidiendo al Ejecutivo una reducción en gasto público.

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida por su acrónimo Sareb, fue una de las condiciones impuestas en el memorándum de entendimiento firmado con la Unión Europea para el rescate de España en 2012.

“Sobre esta base, se concederá la ayuda estatal y se podrán poner en práctica inmediatamente los planes previstos. Antes de que concluya el año se habrá completado el traspaso de los activos deteriorados a una entidad externa de gestión de activos.” Reflejaba el documento.

A la luz de este requerimiento por parte de la Comisión Europea nace la Sareb, creada con el objetivo de comprar todos los activos tóxicos y problemáticos que ofertaba el sector bancario para ‘limpiar’ sus balances y eliminar el lastre que en ellos tenían los activos ‘improductivos’.

Viviendas y suelos que quedaron en poder de las entidades tras ejecutarse los embargos de los préstamos hipotecarios impagados, además de créditos fallidos con una gran dificultad de recuperación, fueron traspasados a la Sareb, para que las entidades bancarias aparcaran el lastre de acarrear con este tipo de activos que solo generaban gastos.

Al retirar estos activos tóxicos de las entidades bancarias se facilitaría a estas la concesión de créditos para evitar el colapso y la contracción excesiva de la actividad económica.

Sin embargo, el Gobierno del PP de entonces, no pudo reconocer el gran volumen de dinero público necesario para acudir al rescate de los bancos ya que se trataba de salvar a la banca mientras se retiraban numerosas ayudas públicas a millones de personas en lo peor de la crisis financiera.

Comprar más caro con el dinero de todos

La Sareb adquirió créditos, inmuebles y suelo por valor de más de 50.000 millones de euros, a pesar de aplicar un descuento medio del 52% sobre el que ya tenían los bancos para adquirir estos activos. Traduciéndolo a cifras, el banco malo compró los activos tóxicos de las entidades por 50.781 millones de euros cuando su valor real hubiera sido de 107.121 millones.

Lo que a priori parece ser el negocio del siglo, se convierte en después en un desastre financiero. La Comisión Europea señaló que el descuento que se debería haber aplicado para adquirir los activos era del 72% no del 52%. Es decir, la Sareb adquirió esos activos un 20% más caros de lo que deberían haber sido, lo que supuso un desembolso de 18.000 millones de euros más. Así, el banco malo compraba por encima del precio establecido las más de 55.700 viviendas y otros productos asociados como plazas de garaje y trasteros. A esto se le suma la adquisición de oficinas, hoteles, centros comerciales y unos 13 millones de metros cuadrados en solares, una tercera parte de ellos urbanizables, convirtiéndose así en la mayor inmobiliaria de España.

Sin embargo, no había suficiente dinero público para financiar esos 50.000 millones de euros, por ello se puso en marcha una suerte de "maniobra financiera" para poder hacer frente a estas adquisiciones del banco malo con dinero público, eso si, sin que el contribuyente fuera consciente. De esta forma el ahora vicepresidente del BCE y por entonces ministro de Economía, Luis de Guindos engrasó la maquinaria para que el monstruoso sangrado de las arcas públicas a causa del banco malo se enmascarase.

El objetivo era conseguir que la Sareb no figurase como Empresa pública, por esta razón, el Estado a través del FROB, puso el 45% del capital inicial de 1.200 millones, es decir, 540 millones de euros. Los otros 660 millones restantes para la creación del banco malo fueron aportados por los catorce bancos nacionales (Santander, Caixabank, Banco Sabadell, Banco Popular, Kutxabank, Ibercaja, Bankinter, Unicaja, Cajamar, Caja Laboral, Banca March, Cecabank, Banco Cooperativo Español y Banco Camino) además de entidades extranjeras, una energética y varias aseguradoras.

Sin embargo, los 1.200 millones de capital inicial quedan muy lejos de los 50.000 millones de euros adquiridos por la Sareb. En este punto, entra en juego la maquinaria financiera. El banco malo comenzó a emitir bonos de deuda por valor de 50.781 millones de euros, que avaló el propio Estado, asegurando así una inversión fiable.

De esta forma, teniendo en cuenta la deuda emitida, la Sareb fue financiada con dinero público que suponía un 95,31% del total, sin embargo solo un 45,68% de la Sareb fue de titularidad estatal. Asimismo los socios privados que aportaban solamente el 4,69% restante, tenían un el 54,33% de las acciones. 

El objetivo que perseguía De Guindos se consiguió, el Estado ha aportado a la Sareb 52 mil millones de euros. Pero la participación estatal es minoritaria para evitar que las pérdidas del banco malo figuren como deuda pública.

Eurostat obliga a reconocer las pérdidas de la Sareb como deuda pública

Eurostat, solicitó el pasado año que las pérdidas que constan en el balance del banco malo y ascienden a 33.664 millones de euros, fueran contados como deuda pública, levantándo así la alfombra con la que De Guindos cubría el cádaver de la Sareb. El banco malo ha incurrido en pérdidas en cada ejercicio desde su constitución, consumiendo más de 4.500 millones de euros y acumulando pérdidas por casi 8.000 millones más.

También en la gestión hubo grandes negligencias, los gestores de la Sareb contrataron un swap para proteger la deuda que almacenaba la Sareb frente a unas posibles subidas de interés. Sin embargo, el seguro contratado se alejaba de los que se ofrecían entonces, ocasionando más de 2.265 millones de euros de pérdidas. Mientras Mario Draghi, por entonces presidente del BCE, bajaba los tipos de interés al 0%, los gestores del banco malo formalizaban un contrato para abonar hasta el 3,14% de forma fija. Sin embargo, alguna de las entidades que cobraban los intereses del swap eran algunas de las que invirtieron capital privado en la Sareb.

A pesar de este escándalo, mientras el país acusaba una seria crisis económica y las entidades y bancos se enriquecían con la connivencia del Estado, la derecha no solo no ha pedido disculpas por este asunto, si no que continúa utilizando la deuda pública como dardo para atizar al Ejecutivo.