PdCat y ERC han votado a favor del techo de gasto fijado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobado por el Consejo de Ministros pero que para que entren en vigo deben aprobarse en el Congreso de los Diputados. Hace tan solo una semana todo parecía indicar que no habría Presupuestos y por tanto las especulaciones sobre adelanto electoral estaban ya entodos los partidos y en todos los medios de comunicación. La situación ha dado un vuelco y el mismo día que el Presidente del Gobierno viaja a Barcelona, los partidos independentistas cambian su voto y desbloquean el techo de gasto. Pero, ¿qué es el techo de gasto? Es el límite de gasto no financiero al que pueden llegar las administraciones públicas: Estado central -excluída la Seguridad Social-, CCAA y Ayuntamientos. Hasta 2012, primer año de gobierno de Rajoy, sólo se aplicaba a la Administración central pero desde ese año se amplió al resto de administraciones.

No es lo mismo que la regla de gasto, dado que ésta es un instrumento fiscal  para controlar también el gasto público pero vinculada a la recaudación de impuestos. Sólo se permite aumentar el gasto si el incremento de recaudación por reformas tributarias de carácter permanente permiten un aumento del gasto por encima de dicho límite

6.000 millones más para gasto social

Los partidos de la derecha parlamentaria, PP y Ciudadanos, votaron en contra del techo de Gasto para bloquear los Presupuestos y forzar la convocatoria de elecciones. Este es el argumento real, aunque sus líderes afirmaron que se votaba en contra porque se disparaba el déficit. El Gobierno justifica el aumento del gasto en seis mil millones de euros, que se destinarán a gasto social, porque ha aumentado considerablemente la recaudación.

Además junto al techo de gasto también se votó en el Congreso los objetivos de déficit pactados con Bruselas: un déficit del 1,8% del PIB en 2019, del 1,1% en 2020 y del 0,4% en 2021. La senda que entrará en vigor al decaer esta es del 1,3% en 2019, 0,5% en 2020 y un superávit del 0,1% en 2021. De las cinco décimas en las que se ampliaría el objetivo de déficit para 2019, una sería para la Administración Central, dos para las comunidades autónomas y otras dos para la Seguridad Social. Esas cinco décimas son las que permitirán un gasto de 6.000 millones de euros: 2.500 millones para CC.AA., 2.500 millones para Seguridad Social y 1.000 millones para Administración Central. De este modo, la previsión del Gobierno es que las comunidades presenten un déficit del 0,3% el próximo año; la Administración Central, del 0,4%, y la Seguridad Social, del 1,1% del PIB. Las corporaciones locales, por su parte, estarán en equilibrio.

 

 

 

En cuanto a la deuda, en 2019 su montante debe suponer un 96,1% del PIB como máximo y reducirse los dos siguientes ejercicios hasta el 94,1% y al 91,5%.