Apenas un día después de que se conocieran las irregularidades por parte del grupo sanitario Ribera Salud en el Hospital de Torrejón de Ardoz, el abogado Javier Flores presentaba la primera denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid por cinco posibles delitos así como por la presunta omisión de deberes de supervisión. Una denuncia que, junto a las presentadas por PSOE-M y Más Madrid, le ha servido a la Fiscalía de Madrid para judicializar las diligencias esta misma semana, a la vez que ha considerado un posible delito de prevaricación.
Este martes la Fiscalía de Alcalá de Henares estimaba que “los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación de los artículos 404 y siguientes del Código Penal". De la misma forma, procedía a incoar y judicializar las diligencias remitiendo las denuncias y documentación al Juzgado, a la vez que acumuló las denuncias presentadas y las remitió al Tribunal de Instancia de Torrejón de Ardoz para que sean examinadas. Sin embargo, a todo ello no ha dudado en responder la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha calificado de “ruido político” la polémica generada en torno al Hospital de Torrejón, a la vez que ha considerado de “excelente” el sistema sanitario madrileño. “Se abre un caso ya eternamente se queda dando vueltas en las mesas de los mismos cuando por el camino pasan cosas todos los días”, ha esgrimido la responsable de Sol.
Unas declaraciones que no han quedado en saco roto puesto que el propio abogado que presentó la denuncia ya ha respondido al respecto. “La judicialización de unas diligencias no es una opinión política ni una valoración mediática, sino una decisión estrictamente jurídica adoptada por el Ministerio Fiscal tras el análisis de hechos, documentos e indicios objetivos”, ha comenzado en un escrito. “Cuando la Fiscalía aprecia la posible existencia de un delito de prevaricación y remite las actuaciones a un juzgado de instrucción, el asunto deja de estar en el terreno del debate público o partidista y pasa al ámbito del control penal, que es una garantía básica del Estado de Derecho”, ha agregado.
Asimismo, Flores ha defendido que las palabras expuestas por la presidenta madrileña con las que ha tildado de “ruido político” la actuación de la Fiscalía, “no desactiva la gravedad de lo ocurrido, sino que desplaza el foco desde los hechos investigados hacia el mensajero”. “La cuestión relevante no es quién denuncia ni quién critica, sino por qué un órgano constitucional ha considerado que existen indicios suficientes para activar un procedimiento judicial. Esa es la pregunta que merece una respuesta institucional seria”, sostiene el abogado en réplica a las palabras defendidas por Ayuso.
“Resulta preocupante la banalización de conceptos jurídicos de extrema gravedad. La prevaricación no es una irregularidad administrativa menor ni una discrepancia técnica: es la actuación consciente y contraria al Derecho en el ejercicio de funciones públicas, o la omisión deliberada de los deberes legales de control. Tratar este concepto como parte de una supuesta campaña política supone trivializar una de las categorías penales que existen precisamente para proteger la legalidad, el interés general y los servicios públicos esenciales”, defiende. “Además, la investigación judicial ni en la necesidad de esclarecer los hechos, sino en la defensa del relato. El procedimiento penal no se activa para desprestigiar a nadie, sino para proteger bienes jurídicos fundamentales. En este caso, hablamos de la sanidad pública, del uso de fondos públicos y de la seguridad de las personas atendidas en un hospital de titularidad pública”, defiende Flores en el escrito.
En este mismo orden de cosas, el abogado prosigue cargando contra la “excelencia” a la que se refirió la lideresa regional para referirse al sistema sanitario. “Presentar la investigación como un ataque a la “excelencia” del sistema es invertir peligrosamente los términos del debate: en un Estado de Derecho, la excelencia se demuestra sometiéndose al control, no esquivándolo”, menciona el letrado al respecto. De igual forma, Flores añade en calidad de abogado que “ninguna denuncia se presenta para agradar a nadie, ni para servir a etiquetas partidistas”. “Denunciar es incómodo, desgasta y expone, pero es una obligación profesional y cívica cuando se detectan indicios serios que afectan a la legalidad y a derechos tan básicos como el derecho a la salud. Lo verdaderamente mezquino no es investigar, sino mirar hacia otro lado; no es denunciar, sino hacer negocio con la salud pública; no es activar los mecanismos legales, sino intentar deslegitimarlos cuando empiezan a funcionar”, ha reprochado.
Por último, concluye su respuesta añadiendo que “cuando la Fiscalía aprecia indicios de delito y judicializa, lo responsable no es descalificar, sino colaborar para que la verdad se esclarezca y, en su caso, se depuren todas las responsabilidades que correspondan”.
