Hace más o menos un mes, a principios de diciembre, era la Consejería de Sanidad del Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso la que aseguraba que, tras haber realizado una inspección interna, no se habían hallado irregularidades en la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz. De esta manera, el Gobierno de la Comunidad de Madrid exponía que este centro sanitario, en torno al que había surgido una enorme polémica, funciona perfectamente, sin malas prácticas, "con listas de espera inmejorables" y que la situación se había producido fruto de "rencillas internas".
Esta controversia surgida alrededor del Hospital de Torrejón de Ardoz se desató a finales de 2025, cuando se hicieron públicas unas grabaciones en las cuales se podía escuchar al entonces consejero delegado de Ribera Salud, la empresa privada que gestiona este centro sanitario bajo un modelo de concesión pública, instar a priorizar criterios económicos sobre la atención sanitaria. En estos audios que pudieron conocerse y que coparon numerosos titulares en la prensa así como provocaron gran descontento entre la ciudadanía, se proponía aumentar las listas de espera, rechazar pacientes “no rentables” y enfocar la actividad en procedimientos que generaran mayor beneficio.
Las críticas no tardaron en surgir. Partidos políticos de la oposición, sindicatos y organizaciones de defensa de la sanidad pública se unieron contra un modelo de gestión de la Sanidad que ya había sido cuestionado y que volvía a despertar, nuevamente, un debate sobre la cesión de los servicios ofrecidos por el Estado a empresas privadas. Además, surgieron denuncias de que se dieron instrucciones para reutilizar material sanitario de un solo uso, como catéteres, lo que podría suponer un riesgo para la salud de los pacientes y vulnerar normas sanitarias.
A pesar de la seguridad mostrada rápidamente por la Consejería de Sanidad de Ayuso en torno al buen funcionamiento del Hospital de Torrejón de Ardoz, la Fiscalía de Alcalá de Henares ha abierto diligencias que ya ha asumido un juzgado. Según se expone en el decreto que comunica el inicio de las investigaciones por parte del Ministerio Fiscal, se inicia este proceso ante la documentación remitida en las denuncias que ponían sobre la mesa posibles "irregularidades que consistirían en diversas manipulaciones con la finalidad de aumentar el rendimiento económico en detrimento de la prestación adecuada de los servicios sanitarios a los ciudadanos".
Tal y como indica la Fiscalía, las diligencias se incoan ante posibles delitos de "prevaricación de los arts. 404 y ss del Código Penal y otros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 773-2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5º del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal".
