La Justicia ha emitido un nuevo revés que se suma al escándalo del Hospital de Torrejón de Ardoz después de que el pasado 3 de diciembre se conociera a través de una información publicada por El País que el grupo sanitario Ribera Salud -gestor del hospital- rechazaba atender a pacientes y alargar las listas de espera o reducir las intervenciones quirúrgicas con el fin de lucrarse económicamente y aumentar los beneficios entre 4 y 5 millones de euros.
Con este telón de fondo, y después de una serie de denuncias ante la Fiscalía de Madrid, tanto de PSOE-M como de Más Madrid y el letrado particular Javier Flores, es ahora la Fiscalía de Alcalá de Henares la que, atendiendo a la misma, estima "que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación de los artículos 404 y siguientes del Código Penal", a la vez que ha incoado y judicializado las diligencias remitiendo las denuncias y documentación a Juzgado. De esta forma, la Fiscalía procede a acumular las denuncias presentadas por el letrado a las que fueron también presentadas por el Partido Socialista de Madrid y por la Asociación del Defensor del Paciente, que serán examinadas por el de Tribunal de Instancia de Torrejón de Ardoz.
La fiscal investigadora, tras recibir la denuncia del PSOE poniendo de manifiesto una serie de irregularidades en la gestión de este hospital para manipular con la finalidad de aumentar el rendimiento económico en detrimento de la prestación adecuada de los servicios sanitarios a los ciudadanos, así como otras nuevas sobre los mismos hechos, ha lanzado el decreto de incoación, al que ha podido acceder ElPlural.com.
Así, estimando que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación, acordó la incoación de diligencias de investigación preprocesal. Tras efectuar consulta y constar que por los hechos se incoaron diligencias en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrejón de Ardoz, se ha acordado el archivo de las diligencias de investigación preprocesal y la remisión de la documentación recibida a dicho tribunal para la unión a su procedimiento.
Las denuncias tras el escándalo
El pasado mes de diciembre, un día después de trascender los polémicos audios del CEO de Ribera Salud, el letrado Javier Flores presentó la primera denuncia al respecto, solicitando la apertura de diligencias, tomar declaración a los denunciados y que se requiriese a la Comunidad de Madrid la entrega de expedientes de supervisión, inspección y control contractual del hospital. Posteriormente, el PSOE de Madrid registró una denuncia ante la Fiscalía de Madrid contra el director general de Ribera Salud, Pablo Gallart, por presuntas irregularidades en la gestión del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz después de que salieran a la luz audios en los que instaba a rechazar pacientes del centro y aumentar las listas de esperar para incrementar los beneficios de la empresa.
En concreto, el partido apuntaba a una posible “omisión de deberes de supervisión por parte la Comunidad de Madrid” y señalaba presuntos delitos de prevaricación administrativa, corrupción en los negocios y delitos contra la salud pública, así como denegación de prestaciones públicas por razones de discriminación.
También Más Madrid denunció el caso ante la Fiscalía, solicitando que se investigara a Ribera Salud y a la Comunidad de Madrid por la posible comisión de hasta seis delitos en relación con el funcionamiento de este centro de titularidad pública pero de gestión privada.
De la misma forma, la Asociación El Defensor del Paciente solicitó la investigación sobre el Hospital de Torrejón por lo que podría suponer un nuevo delito tras conocerse una presunta reutilización de material sanitario de un solo uso, según denunciaron empleados del centro.
