Madrid presume de ser la comunidad más rica de España. Sin embargo, tras ese escaparate se esconde una realidad cada vez más evidente: es la comunidad que peor cuida sus servicios públicos. No por falta de recursos, sino porque Isabel Díaz Ayuso ha convertido el recorte social y la privatización en su seña de identidad.
La paradoja es clara. Nunca Madrid había recibido tanto dinero del Estado y nunca había invertido tan poco, en proporción a su riqueza, en sanidad, educación, vivienda y servicios sociales. Mientras el Gobierno de España apuesta por reforzar el Estado del bienestar, Ayuso utiliza esos recursos para debilitarlo y llega incluso a rechazar el modelo de financiación autonómica que garantiza más fondos para Madrid, anteponiendo la confrontación política al interés de los madrileños.
Entre 2019 y 2025, el Gobierno de Pedro Sánchez habrá transferido a la Comunidad de Madrid cerca de 130.000 millones de euros. De ellos, 43.000 millones son recursos adicionales respecto a los recibidos durante el mandato de Mariano Rajoy. Madrid ha contado, por tanto, con más dinero público que nunca para reforzar la sanidad, la educación, la atención a la dependencia o la vivienda. Pero el Ejecutivo de Ayuso ha optado por no hacerlo.
Los datos desmontan cualquier coartada. Solo el 45% de esos fondos se ha destinado directamente a servicios públicos esenciales. El resto se ha repartido entre rebajas fiscales regresivas —más de 5.000 millones de euros en beneficios para grandes fortunas— y una creciente transferencia de recursos al sector privado, especialmente en sanidad, con más de 1.000 millones en contratos con empresas como Quirón.
El resultado es una paradoja escandalosa: con más dinero público que nunca, los servicios públicos están peor que nunca. No por falta de financiación, sino por una decisión política deliberada. Madrid no tiene un problema de recursos. Tiene un problema de prioridades.
Madrid es hoy la comunidad que menos invierte por habitante en sanidad pública. Para 2025, el gasto sanitario previsto ronda los 1.468 euros por persona, situándose a la cola de España y muy lejos de comunidades como Asturias o el País Vasco, que superan los 2.200 euros por habitante.
Además, el gasto sanitario representa solo el 3,3% del PIB regional, una cifra claramente inferior a la media estatal. En una comunidad que presume de liderazgo económico, la sanidad pública ocupa un lugar secundario en la agenda presupuestaria.
Las consecuencias son visibles, especialmente en Atención Primaria. Madrid tiene la menor ratio de médicos de familia por habitante de toda España. Faltan profesionales, las agendas están saturadas y las listas de espera siguen creciendo. No es casualidad que Madrid lidere también la penetración de la sanidad privada. Cada vez más ciudadanos contratan seguros no por convicción, sino por necesidad. Quien puede pagar, accede antes; quien no, espera. La salud deja de ser un derecho universal. Este deterioro no es accidental. Es el resultado de un modelo que infrafinancia lo público para empujar a la ciudadanía hacia el negocio privado de la sanidad.
En educación, Madrid vuelve a situarse en los últimos puestos. El gasto público por alumno ronda los 5.300–5.400 euros, muy por debajo de la media nacional, que supera los 6.400 euros. No se trata de una diferencia puntual, sino estructural.
Al mismo tiempo, Madrid es la comunidad que destina un mayor porcentaje de su presupuesto educativo a la enseñanza concertada y privada, cerca del 19%. No es solo una cuestión de cifras, sino una apuesta ideológica clara: debilitar la red pública mientras se financia con dinero público un sistema cada vez más segregador.
Las consecuencias se traducen en ratios elevadas, falta de personal de apoyo, infraestructuras obsoletas y problemas recurrentes en la escolarización de 0 a 3 años y en Formación Profesional, donde la oferta pública no cubre una demanda creciente. Frente a ello, el Gobierno regional sustituye la inversión estructural por gestos propagandísticos.
En la universidad, la desigualdad se agrava. Madrid mantiene los precios universitarios más altos de España, tanto en grados como en másteres. Estudiar en una universidad pública madrileña cuesta cientos —y a veces miles— de euros más que en otras comunidades. Para muchas familias, el mensaje es claro: endeudarse o renunciar. La igualdad de oportunidades queda en entredicho.
Madrid también suspende en políticas sociales. Según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la comunidad invierte unos 570 euros menos por habitante que la media nacional en el conjunto de servicios sociales. Esta brecha se traduce en peor atención a la dependencia, menos recursos para la inclusión y mayor desigualdad.
En vivienda, el fracaso es evidente. Pese a contar con fondos europeos, la ejecución en vivienda pública es baja. Madrid dispone de uno de los parques de vivienda pública más reducidos en relación con su población: apenas un 2,3%, frente a una media europea cercana al 9%. El resultado es una comunidad con los precios de compra y alquiler más altos del país, donde cada día se expulsa más a los jóvenes y a las familias trabajadoras.
El Gobierno de Ayuso insiste en que “9 de cada 10 euros son gasto social”, pero los informes independientes muestran que el peso real de ese gasto sobre el PIB regional cae por tercer año consecutivo. El relato no resiste el contraste con los datos.
La contradicción alcanza su punto máximo cuando Ayuso rechaza el modelo de financiación autonómica que garantiza más recursos para Madrid. No porque perjudique a la comunidad, sino porque encaja mejor en su estrategia de confrontación con el Gobierno de España.
Rechazar más financiación no es valentía política, sino irresponsabilidad. Supone renunciar a más recursos para sanidad, educación o vivienda para sostener un discurso victimista y polarizador. Una vez más, el interés partidista se impone al interés general.
A todo ello se suma una forma de hacer política basada en el enfrentamiento permanente. Gobernar no es insultar ni sembrar odio. Gobernar es dialogar, respetar y trabajar por el bien común. Ayuso ha optado por lo contrario.
El caso de las becas lo ilustra con claridad. En Madrid, el dinero público destinado a igualdad de oportunidades acaba beneficiando a familias con ingresos superiores a los 100.000 euros anuales. Becas para quienes menos las necesitan, mientras las universidades públicas se endeudan y la FP pública se deteriora. No es un error: es el modelo funcionando como fue diseñado.
Madrid no necesita más ruido ni propaganda. Necesita inversión real en sanidad pública, educación pública, vivienda y servicios sociales. Necesita entender que la riqueza no es un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar la vida de quienes sostienen la comunidad con su trabajo.
Porque una comunidad no es rica cuando lidera rankings económicos, sino cuando garantiza que su gente pueda estudiar, curarse y vivir con dignidad. Y en el Madrid de Ayuso, pese a recibir más dinero que nunca del Estado y a rechazar incluso más financiación, esa promesa sigue sin cumplirse.
