Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, advirtió hace meses a decenas de Ayuntamientos, en su mayoría del Partido Popular (PP), de que su negacionismo climático tendría consecuencias. Varios consistorios decidieron retroceder en materia de movilidad sostenible, eliminando carriles bici y bus o zonas de bajas emisiones, al llegar al poder tras las últimas elecciones locales. Estas administraciones se beneficiaban a su vez de fondos europeos destinados a la transición verde de las ciudades, razón por la que el ministro amenazó con exigir el retorno de los fondos si estos no se usaban para su cometido.
Meses después, el Gobierno se ha puesto serio y ha dado el primer paso con el Ayuntamiento de Murcia, gobernado por el Partido Popular (PP), al que ha remitido una resolución en la que niega a la administración local la posibilidad de realizar cambios en los proyectos que ya estaban planteados, tal y como ha adelantado ElPaís. El consistorio tiene cinco días para responder a la reclamación que, de no ser satisfecha, podría suponer el desencadenante de la petición de devolución de los 10 millones de euros que fueron asignados a Murcia para movilidad sostenible.
“Lo hemos dicho y lo haremos”, ha confirmado el propio Puente en sus redes sociales, abierto a desarrollar esta actuación con otros territorios negacionistas. El Ministerio de Transportes ha establecido la sostenibilidad en el ámbito urbano como una de las principales prioridades para esta legislatura y piensa desarrollar las actuaciones que sean necesarias para avanzar en su cometido. Por este motivo, la cartera ha regado de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, unido a los fondos europeos, a 196 municipios para que establezcan zonas de bajas emisiones (ZBE) y puedan avanzar en la descarbonización y digitalización del transporte público, piedra angular de la estrategia.
Entre los objetivos principales de los 1.500 millones destinados, a los que se suman otros 900 para las comunidades autónomas, destacan la adquisición de autobuses de cero emisiones, la peatonalización de calles o el despliegue de carriles bici. La implantación de estas reformas no se entiende sin el apoyo de los next generation y la fuerte apuesta del Ejecutivo, razón por la que desde Transportes no piensan permitir que los millones de euros que se han entregado para estas actuaciones caigan en saca roto o se dirijan a cometidos de otra naturaleza.
El caso de Murcia podría extenderse
El Ayuntamiento de Murcia ha sido el primer señalado, pero puede no ser el único. La ciudad regada por el Segura recibió hace casi dos años una subvención de 20,7 millones de euros destinados a cinco proyectos de movilidad sostenible. Del total de actuaciones, el Ejecutivo local reclamó el pasado agosto modificar el alcance de dos de ellas, cuyo objetivo era transforma el callejero para incentivar la movilidad activa y el uso del transporte público, sin aportar justificación alguna.
Las dos actuaciones estaban dotadas con más de siete millones de euros para la construcción de carriles bici y casi dos y medio para la construcción de carriles bus. Casi 10 millones, 7,3 y 2,4 respectivamente, que están en poder del consistorio para este cometido que ahora no quiere cumplir. Concretamente, el Ayuntamiento quiere dejar ocho de los 34 kilómetros de carril bici sin construir y suprimir la mitad de los carriles bus proyectados.
Una “alteración sobrevenida” es la única justificación aportada por el Gobierno del PP, sin detallar a que se refiere. Los carriles bici, aseguran, deben ahora someterse a un estudio integral y los de bus incumplen “criterios técnicos de diseño relacionados con su funcionalidad”, mismas razones vacías que han defendido otros ayuntamientos dominados por la derecha. No obstante, la naturaleza y los objetivos de una subvención no pueden alterarse, al estar prohibido por la propia ley reguladora, y de retroceder la puntación obtenida en el concurso para la asignación de fondos no se correspondería.
El ayuntamiento murciano deberá responder en cinco días y, si su planteamiento no convence al Transportes, podría verse obligado a devolver los diez millones otorgados para estos proyectos, que deberían estar finalizados antes del 31 de diciembre de este curso. Puente advertía en su momento, tildando de “inadmisibles los intentos de ralentizar la implantación o de restringirlas hasta su mínima impresión”. Ahora, estos “intolerables pasos atrás que están dando algunas ciudades” podrían tener castigo.
