La Comisión Europea ha propuesto crear un fondo contra la pobreza energética dotado con unos 72.200 millones de euros al que podrán recurrir los países para asistir a los hogares más vulnerables en la transición ecológica. En el caso de España recibiría un toal de 7.600 millones de euros entre 2025 y 2032, convirtiéndose de esta manera el el cuarto país con más apoyo de este fondo pensado para ayudar a particulares y pymes. Es decir, se situaría en el cuarto lugar por detrás de Polonia -12.700 millones de euros-, Francia -alrededir de 8.000 millones e Italia -7.800 millones de euros.
La propuesta de Bruselas, que tiene que pasar aún por la negociación con el Parlamento europeo y la aprobación de los Veintisiete para ver la luz, podría verse modificada en algunos de sus objetivos. Para ello, el Ejecutivo comunitario plantea una 'hoja de ruta' compuesta por doce medidas para responder al objetivo: una reducción del 55% de las emisiones de CO2 en 2030.
De hecho, el Ejecutivo Comunitario pretende conseguir que los Estados miembro contribuyan con una cofinanciación al 50%, lo que elevará la capacidad del fondo hasta los 144.000 millones de euros de los cuáles 15.200 millones de euros provendrían de España. Para establecer la clave de reparto de los fondos, la Comisión ha tenido en cuenta factores como la población en zonas rurales en riesgo de pobreza, el porcentaje de familias en riesgo de pobreza y el RNB per cápita.
¿Cuáles son los mecanismos?
El Fondo Social para el Clima se nutrirá del propio presupuesto europeo hasta sumar el equivalente a un 25% de los ingresos previstos a través del sistema de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés). Esto permitirá a las familias más vulnerables afrontar el pago de la factura d ela luz y costear inversiones para mejorar la eficiciencia de las viviendas. También impulsará la compra de vehículos eléctricos.
No obstante, para optar a esta financiación, los países deberán presentar previamente planes específicos a la Comisión Europea (CE) y será el vicepresidente de la CE, Frans Timmermans, responsable del Pacto Verde.
Además, la Comisión también apunta otras iniciativas clave como la nueva tasa para las importaciones procedentes de países más contaminantes, que se aplicará a una selección acotada de productos con gran huella ecológica. El objetivo es evitar la "fuga de carbono" hacia industrias extracomunitarias. Otro de los retos es conseguir ya en 2035 que no se fabriquen en la Unión Europea turismos ni furgonetas con motores de combustión (gasolina o diesel) ni híbridos y que solo salgan a la venta nuevos vehículos eléctricos a batería o hidrógeno. La norma no se aplicaría a vehículos de dos ruedas ni a los vehículos pesados, de momento. La medida obliga, entre otras cosas, a los Estados miembro a asegurar suficientes puntos de recarga en las principales carreteras de la red transeuropea.
