Si un actor, un futbolista o un cantante son acusados en firme de acoso sexual, muchos de quienes admiraban su trabajo y pagaban por verlos dejan de hacerlo. Si esos mismos personajes públicos son acusados en firme de delito fiscal, sus seguidores no se escandalizan. Y mucho menos dejan de comprar su entrada para verlos actuar.

El delito fiscal en España no tiene mala prensa. No faltan incluso crónicas compasivas en la prensa del corazón sobre personajes famosos cuyas vidas "ha arruinado" la Agencia Tributaria. Huelga decir que si el delincuente fiscal es un ‘crack’ del fútbol mundial, ni uno solo de sus hinchas le hará el más leve reproche o dejará de aplaudirlo cuando salta al césped.

El último barómetro sobre política fiscal, dado a conocer ayer por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), no incluye en su treintena larga de preguntas ninguna relativa a la opinión que les merece a los españoles que actores, futbolistas y personajes 'vip' en general defrauden a Hacienda.

Ni incluye tampoco pregunta alguna sobre si los españoles son favorables a un endurecimiento efectivo del Código Penal para que los millonarios que defraudan a Hacienda ingresen en prisión. Agravar las penas para castigar determinados crímenes no solo está bien visto sino que es una exigencia de amplias capas de la población; no sucede lo mismo con los delitos fiscales, pese a que apenas unas pocas decenas de defraudadores acaban entre rejas.

Fiscalidad y populismos

Si realmente existiera en España un populismo de izquierdas con capacidad para influir en el debate público, una franja muy significativa de votantes compartiría aquel aserto de Julia Otero cuando decía “lo que necesitas es prisión”, para referirse a algún que otro invitado al popular programa televisivo ‘Lo que necesitas es amor’ cuyas confesiones dibujaban sin lugar a dudas el fiel retrato de un maltratador. Ya nadie le ríe las gracias a ningún acosador o maltratador pero sí se las ríe o se las disculpa a un defraudador.

Sí existe, en cambio, un poderoso e influyente populismo de derechas, encarnado originariamente en Vox pero ahora también en el Partido Popular de Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. Sus éxitos en materia de populismo fiscal son indiscutibles: en la encuesta de ayer del CIS son ya un 40 por ciento los ciudadanos convencidos de que en España se pagan más impuestos que en otros países europeos, pese a que el dato es rotundamente falso.

Si, en contra de lo que afirma la derecha, de verdad hubiera en España un populismo de izquierdas con la pujanza que tiene el populismo conservdor, habría un clamor popular exigiendo una reforma del Código Penal para que los grandes defraudadores no despacharan su delito devolviendo lo defraudado y pagando una multa millonaria, sino dando con sus huesos en prisión.

Delitos y faltas

No está, pues, infundada la percepción entre los ciudadanos de a pie pero también entre los evasores y sus asesores de que ser un delincuente fiscal no conlleva un riesgo muy elevado de acabar en la cárcel.

Ciertamente, el Código Penal sanciona el delito fiscal con penas de prisión de entre uno y cuatro años, pero los expertos coinciden en que cuando el evasor devuelve a Hacienda lo defraudado y paga la correspondiente multa, es raro que cumpla pena de cárcel porque la condena suele rebajarse a un año.

Una información de Jesús Sérvulo González de 2014 en El País revelaba que, según datos de la jefa de la Unidad de Delitos de la Agencia Tributaria, Caridad Gómez,  solamente 615 de los 64.000 reclusos de las cárceles españolas estaban por delitos económicos y de ellos solo 200 por delito fiscal.

La atenuante más habitual y que permite en la mayoría de los casos suspender la ejecución de la pena, señalaba Gómez, es la dilación del proceso judicial.

A la caza del autónomo

Así lo explicaba a La Vanguardia José María Peláez, miembro de la asociación Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que además atribuía la drástica reducción del número de grandes defraudadores detectados por la Agencia Tributaria a una instrucción dictada a finales de la primera década de 2000 según la cual los inspectores debían poner el foco en las infracciones que no alcanzan la consideración de delito.

Confirmaba la hipótesis el secretario general de la asociación de técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo: “El 80% de la plantilla está destinada a investigar a los autónomos y a las pymes. Se descubren muchas más pequeñas evasiones pero se cobra antes y se consiguen más ingresos”,

La conclusión del inspecto José María Peláez era demoledora: “El efecto disuasorio de la cárcel no existe para este tipo de delitos”.

No muy distinto es el dictamen al que ha llegado el Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa, dependiente de la Universidad Autónoma de Madrid, en un trabajo académico publicado en 2020:

“Considerando que las penas de multa impuestas a los defraudadores apenas alcanzan el doble de la cuantía defraudada, pese a que el marco impuesto por el legislador prevé penas mucho mayores, o que son numerosos los casos en los que se aplican atenuantes que reducen la pena de prisión, cabe cuestionarse si aquellos que tienen ánimo de defraudar a Hacienda se ven realmente compelidos a no hacerlo con base a las penas que estadísticamente se imponen”.

Tal vez el CIS debería plantearse si no ha llegado la hora de preguntar por estas cuestiones. Tal vez el Gobierno, que ha prometido una reforma fiscal en profundidad, debería plantearse si no ha llegado la hora de seguir la recomendación de Julia Otero: “Lo que necesitas es prisión”.