Pese a la falta de acuerdo político para la reconstrucción con la que debemos afrontar la crisis creada por la pandemia, los agentes sociales han firmado esta mañana un pacto con el gobierno que pretende dar estabilidad a las reformas que créen “el mayor número de empleos de la mejor calidad posible, desde lo público y lo privado”.

Tras la firma, Pedro Sánchez ha declarado en su intervención que estos acuerdos construidos en “tiempo récord” son un “gran mensaje a nuestros socios europeos y a todo el mundo”. Recapitulando sobre los últimos meses de una emergencia que “gracias a los trabajadores sanitarios ya tenemos encauzada” afirmaba que en la primera “fase de resistencia” el Gobierno ha tenido como objetivo “mantener vivo el sistema productivo y mantener el mayor número de empleos”. Lo han hecho con un plan de choque a corto plazo en el que se incluye la generalización de los ERTE, el Plan de Liquidez de 100.000 millones de euros destinado a mantener, sobre todo a las PYMES, la prestación por cese de actividad a la que se han acogido 1,2 millones de autónomos y otras medidas de “mucho calado y recorrido” como el Ingreso Mínimo Vital.

Transformación ecológica y digitalización como pilares de las reformas

Ahora entramos en la llamada ‘fase de reactivación económica’, en la que se debe adaptar el plan de choque a planes específicos: “Un reto enorme por la enorme envergadura de la crisis, no solo para España si no para la economía global”. “La reconstrucción de nuestra economía debe ser verde, digital e inclusiva (…) Impulsaremos la reincorporación de los trabajadores en ERTE, primando los ajustes en horas de trabajo y no en empleos”, añadía.

El acuerdo incluye el compromiso de los empresarios para la recontratación de los trabajadores temporales cuyos contratos terminaron durante la crisis, además de programas de formación y capacitación de los trabajadores, especialmente en el ámbito de la digitalización.

Este pacto también aborda la creación del marco regulatorio adecuado para el trabajo a distancia, “que permita la adaptabilidad a la jornada laboral para aumentar la productividad de las empresas y la conciliación de los trabajadores”. Con vistas también a otro pacto por la Industria, “que permita al país su reindustrialización bajo parámetros distintos de digitalización inclusión o, sin duda, la transición ecológica que tenemos que acelerar”. Respecto a este último punto ahondaba asegurando que “si este ha sido el coste de una emergencia sanitaria, no quiero imaginar cómo sería el coste de una emergencia climática (…) Impulsaremos la transición verde y la economía circular, de la que ya hemos sentado las bases apostando por la colaboración publico privada y la inversión en sectores estratégicos”.

Insistía también en el papel clave de las PYMES y la necesidad de su digitalización “con una perspectiva territorial para abordar de forma equitativa el reto demográfico”. “Apoyar la economía social, el sistema de cuidados, reformar nuestro marco laboral (…) en definitiva, salir con mayor cohesión social, lo que inevitablemente debe llevar aparejado una reforma fiscal que vincule la justicia fiscal con la justicia social. Protegiendo el sistema público de pensiones para dar garantías a nuestros mayores”, añadía.

Además, Sánchez apuntaba que este pacto también da continuidad al acuerdo de la semana pasada sobre la extensión de los ERTE, que se han demostrado como una herramienta extraordinaria que ha protegido empleos que se habrían destruido en estas crisis. En ese sentido, han apostado por un marco de contribución compartido para financiar dichos expedientes de regulación por causas técnicas, organizativas o de producción, ya que el Gobierno tiene la intención de mantenerlos como elemento estructural que de flexibilidad a las empresas, proporcionando menor volatilidad al mercado laboral.