El Estado tiene que intervenir en la economía para regularizar el mercado y la actividad económica en general. La regulación de la vida económica es una función esencial del sector público, que consiste en elaborar e implantar leyes, normas y procedimientos que deben seguir los agentes de la actuación económica.
En primer lugar, el papel regulador del Estado en la actividad económica es necesario porque todas las relaciones humanas precisan de normas y leyes de comportamiento y, en segundo lugar, por las razones económicas que justifican esa intervención pública por los fallos que hay en el mercado.
Un claro ejemplo es que muchas actividades económicas generan riesgos para la salud o vida de las personas. Cuando una actividad se realiza solamente por el beneficio económico pueden infravalorarse los riesgos que ello supone para la sociedad. Es en este aspecto en el que el Estado y la legislación deben actuar, para proporcionar seguridad a las relaciones económicas y permitir internalizar los costes sociales.
En definitiva, la regulación económica y la intervención pública es la única manera de procurar que las actividades económicas no se guíen solo por la lógica del beneficio individual y se adapten a los criterios del bien común, que deben estar siempre por encima de los intereses del mercado.
Qué es la regulación económica
La regulación económica es una de las actuaciones más importantes del sector público e incluye los siguientes aspectos: establecimiento del marco general en que se desarrollan las actividades económicas (condiciones de entrada y salida de los mercados, requisitos de calidad y seguridad, formación de precios, comercio entre países…), defensa y promoción de la competencia y la política económica que influye sobre las relaciones económicas.
En concreto, son las diferentes disposiciones mediante las cuales se regula el mercado y se establecen las especificaciones que deben cumplir las empresas para garantizar la competitividad.
La intervención de los poderes públicos en la actividad económica ha sido objeto de debate y análisis desde comienzos de la ciencia económica. El objetivo principal del entramado institucional es el de “generar confianza” a los agentes que intervienen en los procesos del mercado, dibujando un marco de actuación claro y justo que garantice, por un lado, aspectos tales como los derechos de propiedad, libertad de contratación, derechos individuales y seguridad jurídica y, por el otro, que exija a cada uno de los intervinientes la plena responsabilidad sobre sus actuaciones.
Así, la regulación económica se refiere al conjunto de normas de derecho público que permiten la participación del Estado en las actividades económicas de carácter privado. A gran escala, los agentes que intervienen se pueden agrupar de forma simplificada en: poderes públicos, consumidores y empresas e industrias reguladas. Y una buena regulación tiene lugar cuando se pueden cumplir los objetivos de los poderes públicos manteniendo el equilibrio entre los intereses de los consumidores y de los inversores.
