Si usted firma hoy su hipoteca, es su banco quien debe pagar el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados a su comunidad autónoma. El pasado jueves el Gobierno modificó el artículo 29 de la ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, incluyendo un párrafo que aclara que, cuando se trate de escrituras de préstamos con garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista, el real decreto también modifica el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para establecer que las entidades financieras no podrán deducirse este pago en el Impuesto sobre Sociedades.
El impuesto del AJD constituye alrededor del 70% de los gastos asociados a una hipoteca, por lo que se supone que los bancos ya estarán buscando la manera de repercutir esos gastos en los clientes, algo que el Gobierno confía en que no llegue a ocurrir, debido a la competitividad del mercado hipotecario español y al establecimiento en un futuro próximo de una Autoridad Independiente de protección de clientes financieros, que velará porque los bancos no carguen cláusulas abusivas a sus clientes.
700 millones de gasto para los bancos, 2.000 millones para servicios públicos
Las agencias de rating y los bancos de inversión consideran que el pago del impuesto de AJD supone unos 700 millones de euros anuales. Si sumamos los beneficios estimados de Santander y BBVA para este año (unos 18.812 millones de euros), el coste de pagar este impuesto supondría -asumiendo que sólo lo tuvieran que pagar estos dos bancos- un 3,72% de sus beneficios.
Sin embargo, la recaudación de este impuesto cedido a las CCAA, supone para ellas unos ingresos de alrededor de 2.000 millones de euros anuales, que les sirven para pagar sus competencias transferidas, tal y como pueden ser sanidad, la educación o la dependencia.
