La prestación de teléfonos públicos de pago mediante cabinas telefónicas mantendrá su naturaleza de "servicio universal de telecomunicaciones" hasta el 31 de diciembre de 2019, según un real decreto que modifica el reglamento sobre condiciones de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas aprobado este viernes por el Gobierno. Así, el Ejecutivo ha decidido extender la vigencia de esta condición designando a Telefónica de España como operador encargado de la prestación de ese servicio. No por voluntad expresa de Telefónica, dado que la última vez que se sacó a concurso la prestación de las cabinas, éste quedó desierto.
Que los teléfonos públicos sigan considerados como "servicio universal" quiere decir que tiene que haber, como mínimo, un teléfono público en cada municipio de 1.000 o más habitantes, a los que se suma uno más por cada 3.000.
Según explica el Gobierno, esta decisión permitirá realizar un debate más amplio en el marco de la transposición del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, de manera coordinada con la mayoría de países de la UE. "La transposición de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, dará la oportunidad de realizar una revisión más completa del servicio universal", indica el Ejecutivo. El real decreto aprobado modifica el reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado también por real decreto el 15 de abril de 2005.
Lo que si desaparece como servicio obligatorio son las guías telefónicas y los servicios de información de abonados.
