La querella fue presentada además de por la formación izquierdista por la Asociación por una Tasación sobre las Transacciones Financieras para Ayuda al Ciudadano y el Observatorio para el Cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y se basaba en "las consecuencias negativas para las arcas públicas españolas derivadas de las cuatro rebajas en las calificaciones de la deuda española que efectuaron las agencias".

Los hechos no son constitutivos de delito
El juez desestimó la demanda contra estas tres agencias de rating que acaparan el 90% de la cuota del mercado mundial, porque, según su criterio, los hechos descritos en la querella no son constitutivos de delito y "no hay ninguna imputación de actos concretos que encajen en las conductas descritas" en el Código Penal, según Público. Los abogados querellantes recurrirán ante el Tribunal Supremo el auto de la Audiencia.

La labor de las agencias ha sido muy cuestionada
Las agencias de calificación han sido muy cuestionadas en la Unión Europea y por países afectados, también por el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, entre otros. Sin embargo, se ha tratado de declaraciones expresadas con cautela dado el enorme poder de estas entidades financieras, cuya función es calificar la calidad y el riesgo de los productos financieros de los países y que tienen en su mano facilitar y entorpecer las posibilidades de financiación.