La “independencia y confidencial” del Banco de España preocupa por la “privatización de la supervisión bancaria”. Esta es la denuncia de la Asociación de Inspectores y Auditores Informáticos del Banco de España (AIBE), que focaliza el problema en el modelo de contratación seguido en el supervisor bancario. “Vemos con enorme preocupación la actual política de contratación de personal del Banco de España, recurriendo, cada vez más, a concursos que no siguen los principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia e independencia”, denuncia la única y mayoritaria asociación de trabajadores de la entidad, que representa al 70% de empleados.
Las demandas, consensuadas entre el conjunto de la plantilla, son claras y pivotan todas en torno a la convocatoria de oposiciones para cubrir las plazas necesarias. En estos momentos, la convocatoria de plazas fijas “se está llevando a cabo de forma irregular”, denuncian, situación evidenciada por el periodo de cuatro años en el que no se han convocado plazas de acceso vía oposición. Además, para enturbiar aún más la situación, lamentan que en los últimos procesos se han introducido como aspectos a tener en cuenta una serie de “méritos con un alto componente de subjetividad”. “Este tipo de procesos vulnera los derechos de los demás aspirantes”, trasladan.
Mientras, debido a la falta de contratación fija, estable y formada, el Banco de España está recurriendo a “contratación de personal temporal y a la externalización”, acudiendo, además, a subcontrataciones con consultoras y auditoras privadas. “Esta suerte de privatización de la supervisión bancaria pone en riesgo el principio de independencia y el deber de secreto en nuestras actuaciones”, sentencian desde la AIBE. De hecho, para hacer visible lo peligroso de esta situación, de cara al favorecimiento que podría darse a entidades que, realmente, debería estar supervisadas, la asociación plantea la siguiente situación:
“Si como resultado de una inspección con personal externo subcontratado se decide que hay que intervenir una entidad, por mucho acuerdo de confidencialidad que exista, ¿cómo se verificará en la práctica que estas personas no comunican la situación a sus superiores jerárquicos de la empresa auditora/consultora? ¿Están sometidas estas personas y sus familiares al mismo régimen de actividades financieras restringidas que los trabajadores del Banco de España?”. Preocupa entre la plantilla que puedan darse este tipo de situaciones y la “capacitación técnica” del personal que actualmente se está contratando y que, desde la AIBE, aseguran que la propia entidad ha reconocido que “no están formadas”.
Demandas y búsqueda de apoyos políticos
Los trabajadores del Banco se han puesto manos a la obra para solventar esta situación y, conocedores de que esto pasa por una reforma que debe emanar del Congreso de los Diputados, la AIBE mantiene una ronda de contactos con todas las formaciones políticas. Las fuentes de la asociación han confirmado a ElPlural.com que esperan contar con el apoyo de Unidas Podemos y Ciudadanos, “habida cuenta de que en su día apoyaron la propuesta del Estatuto del Inspector”. Los morados y naranjas ya coincidieron con las reclamaciones con anterioridad, motivo por el que el foco de la asociación se centra ahora en el resto.
Sobre el resto de formaciones, trasladan que las reuniones mantenidas, por el momento, con el Partido Popular y Vox han sido fructíferas y esperan el apoyo de las derechas. Esta tarde se encontrarán con el PSOE y la ronda de encuentros continuará e incluirá a diferentes ministerios, entre los que destaca el de Asuntos Económicos liderado por Nadia Calviño. A estas reuniones, los representantes acuden con una hoja de ruta fundamentada en dos pilares: un Estatuto del Inspector y una Autoridad de Supervisión.
Desde la AIBE se solicita la posibilidad de participar en el “proceso contrataciones temporales en aras de la transparencia”, lo cual aseguran les ha sido negado. Como respuesta, y para “asegurar la capacitación técnica de los profesionales y mejorar la independencia de la supervisión”, propone un Estatuto del Inspector que “vincule las funciones de supervisión bancaria a los Cuerpos de Inspectores y Auditores Informáticos”, por un lado, y “blinde el acceso a estos Cuerpos mediante oposición”, por otro.
El segundo pilar es el referido a la creación de una Autoridad de Supervisión dentro de la entidad dirigida por Pablo Hernández de Cos, cuya principal finalidad sería la de “capturar las especificidades de la función de supervisión bancaria”, función que trasladan que ya se realiza en entidades homólogas como el Banco de Francia o el Banco Central Europeo (BCE). Estas son las principales demandas que la plantilla de la entidad urge a aprobar en el parlamento para “no seguir deteriorando esta función pública vital para la estabilidad del sistema financiero”. “Por una supervisión bancaria independiente, pública y de calidad”, proclaman.
