El balance del primer año de Gobierno del PP desde el punto de vista energético es, indiscutiblemente desolador: duro enfrentamiento con las compañías eléctricas, subida de un 7% en el recibo de la luz y otro tanto (como mínimo) que se anuncia para el año que viene, la mayor subida de impuestos de la historia al sector que ha puesto en pie de guerra a toda la gran industria (cementeras, aluminio o la azulejera), el déficit de tarifa desbocado, ni rastro de una reforma energética real y ridículo político del PP con el cierre de la central nuclear de Garoña, cuya prórroga de funcionamiento fue promesa electoral de Rajoy. Es cierto que  el tema energético es complejo, por estratégico y por el volumen de negocio que supone, pero precisamente por su complejidad tradicionalmente los Gobiernos han utilizado el diálogo en vez del enfrentamiento. Hasta que Rajoy llegó al Gobierno.

El secretario de Estado, primera pieza en caer
Fernando Martí Scharfhausen es todavía secretario de Estado de Energía. Hasta su nombramiento era vicepresidente de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a propuesta del PP, partido al que ha estado vinculado durante casi toda su trayectoria profesional y política. Sus 'formas' y maneras de proceder no son precisamente elogiadas por los empresarios y por muchos de sus 'colegas' de Gobierno, como por ejemplo en el Ministerio de Hacienda. El enfrentamiento entre Industria y Hacienda a cuenta de los nuevos impuestos energéticos, supuso la primera crisis interna para Rajoy y ante el enfrentamiento público que llegaron a mantener los dos ministros, con cruces de reproches y retos, tuvo que intervenir a la vicepresidenta Primera.

Prepotente
Tanto en las empresas como en el Ministerio de Hacienda se considera a Martí como una persona "prepotente", poco conciliador e incluso -según ha podido saber ELPLURAL.COM de fuentes empresariales- "realmente maleducado, hasta el punto de que importantes directivos de empresas le han dicho al ministro que se niegan a hablar con el secretario de Estado".

Si intentar hacer un reforma energética de calado en España es un asunto muy muy complicado, se convierte en imposible cuando la interlocución y las vías de diálogo entre el Gobierno y el sector se han dinamitado. Pero además el pulso entre los Ministerios de Industria y Hacienda se saldó a favor de éste último, con lo que la fuerza de José Manuel Soria ante el sector energético y dentro del propio Gobierno ha quedado debilitada.

A Rajoy no le gustan los líos, y con el Ministerio de Industria y y el sector energético tiene un lío de los gordos. El ministro Soria se ve obligado a mover ficha y el primer movimiento será prescindir del secretario de Estado de Energía, al que se le busca una "salida digna" según fuentes del PP. Y esa salida podría ser la presidencia del Consejo de Seguridad Nuclear que quedara vacante este mes. Por cierto, el PSOE promueve la candidatura de Cristina Narbona, ex ministra de Medioambiente, para el mismo cargo.

Cuando el ministro habla de Chantaje
La decisión de Endesa e Iberdrola -propietarias al 50% de Nuclenor, a su vez propietaria de Garoña- de parar la central burgalesa ante la inminente aprobación de los nuevos impuestos para la generación de todo tipo de energía, ha sido la escenificación pública de un durísimo enfrentamiento entre el Ministerio de Industria y las compañía energéticas (no solo eléctricas). El ministro, José Manuel Soria, respondió que no pensaba ceder al "chantaje" de las eléctricas y bajar los impuestos. Utilizar términos como "chantaje" son palabras mayores: el chantaje es un delito.

Cabreados todos los barones del PP
La realidad es que los impuestos a la generación y distribución de energía que entrarán en vigor a principios de año han cabreado a todo el mundo. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera (PP) está más que indignado porque no puede explicar en Burgos (su provincia) como es posible que con el PP en La Moncloa se cierre Garoña. Los Presidentes de Galicia y Comunidad Valenciana han alertado que importantes industrias como fábricas de aluminio o el importante sector del azulejo amenazan con cerrar o deslocalizarse (trasladar las fábricas a otros países). Pero también otros presidentes, como el asturiano Javier Fernández (PSOE) han pedido directamente a Rajoy que rebajen los ímpetus de Industria.