CCOO se ha dirigido este viernes al Ministerio de Hacienda a través de una carta enviada a la titular del ramo, María Jesús Montero, en la que le reclama una reunión urgente para evitar el despido de 1.135 empleados, es decir, el 15 por ciento del total de la plantilla de trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Lo que prevé Hacienda es finalizar el contrato de 500 interinos Covid el próximo 30 de junio, que llegaron como refuerzo durante el periodo más arduo de la pandemia y despedir a 635 empleados que fueron contratados en 2018 por un periodo de 3 años.

El sindicato advierte a Montero que el recorte de la plantilla, que conlleva la decisión de la Dirección General de Costes de Personal, implica la necesidad de proceder al cierre de unidades de atención al público al quedar las mismas “completamente desnudas”.

El sindicato insiste además que las cargas de trabajo del SEPE siguen siendo “enormes”, ya que el organismo gestiona casi un 400 por ciento más de solicitudes que en mayo de 2019. “La decisión del Ministerio de Hacienda de despedir a 1.000 trabajadores del SEPE amenaza con destrozar el organismo. Es un sinsentido fuera de cualquier explicación o justificación posible (...) El ahorro que supone este recorte es ridículo teniendo en cuenta los fondos que maneja este organismo”,  afirma CCOO.

Además, el sindicato alerta de que la marcha de estos trabajadores retrasará el reconocimiento de prestaciones por desempleo y que esta decisión dará lugar a un punto de inflexión en materia de relaciones laborales, “abriendo un periodo de conflicto y de confrontación laboral”.

El sindicato subraya que la decisión de Hacienda se adopta en contra del criterio del organismo y del Ministerio de Trabajo y Economía Social y matiza que, si se lleva a cabo, sería "una de las mayores torpezas que en materia de empleo se han podido cometer en la Administración General del Estado en los últimos decenios”. Ante esta situación el CSIF ha sugerido una convocatoria de empleo púalica extraordinaria para paliar el déficit estructural del SEPE, que en la última década ha perdido 3.400 empleados por los recortes. De momento no ha habido respuesta alguna por parte de los organismos públicos.