El Congreso de los Diputados celebra este miércoles el primer gran pleno del año y los grupos deberán decidir si dan el visto bueno a los tres decretos-ley con los que el Gobierno cerró el año: ómnibus, del que dependen 10.000 millones de fondos europeos; subsidio de desempleo y paquete de medidas anticrisis, que recoge partidas millonarias en ayudas y rebajas fiscales. Por el momento, Junts per Catalunya y Podemos mantienen sus negativas, lo que haría decaer las tres normas y generaría un terremoto en el Ministerio de Hacienda.

La cartera liderada por Maria Jesús Montero afronta el año 2024 con una hoja de ruta que contaba con que los tres decretos viesen la luz y su previsible caída descuadraría las cuentas por completo. El decreto ómnibus recoge aspectos claves del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y modificaciones que, en conjunto, son necesarios para que España perciba el cuarto desembolso de fondos europeos. Los nacionalistas catalanes tumbarán esta norma que, más allá de ser necesaria para la llegada de los 10.000 millones, contempla modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que “ponen en peligro la aplicación de la ley de amnistía”.

No obstante, el decreto que más afectación tendría en las cuentas es el que recoge el conjunto de medidas anticrisis que el Gobierno ha decidido prorrogar. Este paquete contempla rebajas fiscales por un valor de 2.500 millones de euros, entre las que destacan la eliminación del IVA a los alimentos de primera necesidad y la reducción del 10 al 5% de los aceites y pastas; la prolongación de las rebajas al IVA de la luz y el gas o la recuperación progresiva de impuestos que afectan a la electricidad, entre otras muchas.

Además, también contempla la bonificación (gratuidad en el caso de Renfe) del transporte público, que asciende al 30% al que debe sumarse un mínimo del 20% autonómico, con un coste contemplado de 1.400 millones de euros. La subida generaliza de las pensiones conforme al IPC del pasado año (3,8%), muy por encima para diferentes pensiones mínimas y no contributivas, y del 6,9% para el Ingreso Mínimo Vital (IMV) también decaerían, sumando en conjunto un coste de 8.300 millones de euros para las arcas del Estado.

Otras muchas medidas, como la ampliación de la prohibición de desahuciar a personas vulnerables, la retirada del cobro de comisiones bancarias en las ventanillas o la ampliación del bono social tampoco verían la luz. Los más vulnerables pueden sufrir un duro varapalo este miércoles; sin embargo, muchas grandes compañías podrían estar de enhorabuena. La ampliación hasta 2025 de los impuestos a la banca y las energéticas también pende de un hilo. Los ingresos anuales estimados de estos dos gravámenes ascienden hasta los 3.000 millones de euros, cifra que podría perder Hacienda.

Otra de las figuras impositivas que se encuentra en peligro es el que afecta a las grandes fortunas, aprobado por el Gobierno para evitar que las Comunidades Autónomas del Partido Popular (PP) incentiven la competencia desleal bonificando el 100% del impuesto de patrimonio. Si decayese esta figura, muchas autonomías que recuperaron sus gravámenes autonómicos para evitar la recaudación estatal podrían volver a bonificar la totalidad de estos impuestos que solo pagan los que más tienen.

La situación es tan complicada para el Gobierno central que los negociadores de PSOE y Sumar se han lanzado a buscar el apoyo del PP. Una abstención es lo máximo que los de Alberto Núñez Feijóo se plantean dar para mantener el paquete de medidas sociales, pero esta no saldrá gratis. El líder de los populares ha trasladado que su voto tan solo irá en este sentido si el Ejecutivo se compromete a aprobar un nuevo decreto que contemple la rebaja del IRPF para rentas inferiores a 40.000 euros, la extensión de la bajada del IVA de los alimentos a carnes, pescados y conservas y el mantenimiento del IVA de gas y luz al 5%.

Junts no parece por la labor de cambiar de postura y, además de los supuestos ataques a la amnistía de la que acusan a los decretos, también aseguran que “agravan la infrafinanciación que ya sufre Cataluña, implican recortes de competencias de la Generalitat y ponen en peligro la aplicación de la ley de amnistía”. Las palabras de su portavoz, Josep Rius, evidencian que el voto de los independentistas catalanes será negativo, que también han pedido que “puedan ser sancionadas” las empresas que abandonaron Cataluña por el procés y no quieran volver.

"Ahora estamos centrados en sacar adelante esos Real Decreto-ley y no vamos a valorar nada más", trasladan fuentes de Hacienda a ElPlural. Desde la certera de Hacienda evitan ponerse la venda antes de tener la herida, pero deben tener claro que este no será el último rasguño que sufrirá el Gobierno de aquellos que mantuvieron a Pedro Sánchez en la Moncloa.