Este martes el Gobierno de Pedro Sánchez aplicará las llamadas Tasa Google y la Tasa Tobin. Unos nuevos impuestos que afectarán a las grandes empresas tecnológicas que tengan publicidad dirigida como Google, Amazon o Facebook y a los inversores en Bolsa que compren acciones españolas. Con estas tasas, el Gobierno prevé recaudar unos 2.000 millones de euros que se reparten entre los más de 1.000 millones de euros de la Google y los 850 de la llamada Tasa Tobin.

Son numerosas las voces –no podía ser de otra forma- que se oponen a estas nuevas formas de recaudación. Independientemente de lo que se piense y de cuáles sean sus efectos reales, sí que existe una crítica fundamentada: tanto la tasa Google como la Tobin no se aplican en todos los países europeos y, por tanto, pueden ser un elemento distorsionador de nuestro mercado que traslade negocio a otras zonas donde no se aplique. Europa, con su habitual lentitud, ha abordado ambos impuestos pero no ha conseguido ponerse de acuerdo para aplicarlo de forma global.

El otro punto caliente es el de las represalias anunciadas por Donald Trump sobre la tasa Google, mediante la subida de aranceles a productos del campo español en un momento de un gran descontento del sector primario por la caída de sus ingresos. La aceituna de mesa o los vinos ya se están viendo afectados por nuevos aranceles que harán menos competitivos en el país de las barras y estrellas.

La Tasa Google consiste en que los monstruos tecnológicos como Amazon, la propia Google o Facebook paguen el 3% de su facturación en su condición de compañías que tienen publicidad dirigida para cada país en concreto. Se busca que paguen sus impuestos en el sitio donde los generan como ocurre con otros negocios más tradicionales. Los nuevos modelos de negocios tecnológicos han dejado en tierra de nadie el pago de impuestos y estas multinacionales ponen sus sedes en los países fiscalmente más ventajosos.

Tras el fracaso de imponer esta Tasa en toda la Unión Europea, pese a que Francia dio el primer paso, el tema ha quedado en la órbita del G7 que quiere implicar a todos los países que conforman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). La idea es aplicarla a finales de 2020, según se indicó en la reunión del G7 celebrada en julio del pasado año.

Por su parte, el Impuesto de Transacciones Financieras (ITF), conocido popularmente como tasa Tobin empezó a urdirse en 2013 donde un grupo de 10 países, entre ellos Alemania, Francia o España, lo defendían. El impuesto ya se aplica en Francia, Bélgica o Italia y el Ministerio de Hacienda español adaptaría este impuesto cuando la legislación europea por fin lo apruebe, tema aún pendiente de discusiones.

El ITF supondrá el pago del 0,20% de las compras de acciones en empresas españolas grandes (valor bursátil superior a los 1.000 millones de euros). Con lo que no afectará a compañías medianas y pequeñas y también se establecen numerosas excepciones en su pago cuando se trata de salidas a Bolsa, o compras que realice la propia empresa, o acciones que reciba el inversor como consecuencia de bonos convertibles, entre otras.

A este impuesto, habrá que sumar el canon de las Bolsas más el coste de los intermediarios por ejecutar la operación de compra de acciones. El canon bursátil es del 0,003% por lo que el impuesto es 50 veces superior. Las comisiones de compraventa que aplican los intermediarios son libres. Pero la media de coste de las ofertas más interesantes puede situarse entre el 0,15% y el 0,20% para inversores particulares, porcentaje de comisión que baja hasta el 0,04% cuando las compras las realizan inversores instituciones, como los fondos. Así, el inversor pagaría el canon de la Bolsa, el impuesto y la comisión del intermediario.