Con la aprobación ayer de un techo de gasto histórico de 198.221 millones de euros, el Ejecutivo da el pistoletazo de salida a la elaboración de los Presupuestos del 2023, los últimos de esta legislatura. En estos Presupuestos, el Gobierno deja un hueco para vincular las pensiones al IPC, es decir; con una inflación disparada las pensiones subirán favoreciendo el poder adquisitivo de los casi 9 millones de pensionistas españoles.

Se prevé que este aumento de las pensiones suponga un 10% de la partida presupuestaria que aprobará el Ejecutivo. Con la aprobación del nuevo techo de gasto la inyección a la Seguridad Social repuntará en unos 1.500 millones. De esta forma el Gobierno ha comenzado a hacer frente a la demandada subida de las pensiones y a la par contener el gasto en línea con lo que está pidiendo Bruselas. No obstante, según la Autoridad Fiscal el Gobierno necesita hacer un esfuerzo para poder pagar las pensiones y cumplir con la recomendación del Ejecutivo comunitario de subir el gasto solo un 3,3%.

Aplicar la actualización a solo una parte de los pensionistas “No se contempla en absoluto”

El ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá ha indicado que esta subida “es absolutamente irrevocable”, e indica que “es una norma que justamente está diseñada para dar seguridad, certidumbre y protección a todos los pensionistas ante situaciones complicadas como esta”. “Las pensiones se van a revalorizar con la inflación media que haya en el mes de noviembre, absolutamente”, ha insistido el ministro.

El titular de la cartera de Seguridad Social mantiene su posición ante unas previsiones de que la inflación decrezca, es decir que el IPC se mantenga o se reduzca, más aún con las medidas tomadas por el BCE para enfriar la economía y reducir la inflación. “Lo que va a hacer la inflación probablemente es bajar no subir. Estamos hablando de escenarios extraordinariamente improbables. Siempre se pueden diseñar escenarios de cola extremos y especular sobre ellos, pero así no se hace la política económica” ha afirmado Escrivá.

Por otro lado, la Autoridad Fiscal ha criticado que el ritmo de reducción del déficit debería ser más ambicioso, a pesar de que las reglas fiscales europeas estén suspendidas hasta 2023. En línea con esta estrategia de incremento salarial, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que los funcionarios deberían formar parte del pacto de rentas que suscribiesen los agentes sociales para moderar salarios y márgenes.

Otros datos económicos

La economía española ha rebajado la previsión de crecimiento del año que viene del 3,5% al 2,7%. También ha revisado al alza el deflactor del consumo (índice similar al IPC), que alcanzará este año el 7,8%, a causa de la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, frente al 6,1% previsto en abril en el Programa de Estabilidad. En 2023 se situará en el 2,9%, siete décimas más de las estimaciones anteriores.

Lo que no varía con respecto a las previsiones de abril son las estimaciones de déficit y deuda. El endeudamiento cerrará este año y el que viene en el 115,2% y el 112,4% del PIB, respectivamente. La deuda no bajará del 3% del PIB hasta 2025.

También habrá pequeños cambios en el reparto presupuestario de cara a 2023: las comunidades tendrán más margen de gasto trasladando el objetivo de déficit del 0,1% al 0,3%, en detrimento de la Administración central que recorta en dos décimas su objetivo deficitario del 3,4% al 3,2%. También se relaja la referencia de superávit de las entidades locales, del 0,2% al 0,1%.

Ahora el Gobierno de coalición deberá encontrar los apoyos suficientes entre los grupos parlamentarios para aprobar el proyecto de Presupuestos en el congreso antes de agotar la legislatura.