La Iglesia Católica disfruta de múltiples exenciones de impuestos en España. La organización no paga el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto de Sociedades, el de Transmisiones o el de Actos Jurídicos Documentados. Sin embargo, a partir de este sábado, comenzará a pagar el Impuesto Sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). La orden publicada este viernes por el Boletín Oficial del Estado (BOE) deroga, a su vez, una emitida en 2005 por la que se perdonaba a la Iglesia el pago de este gravamen. Esta modificación, equipara a la entidad con el resto de entidades sin ánimo de lucro.

No obstante, lejos de ser esto una maniobra del Gobierno de coalición para combatir el paraíso fiscal que supone España para la Iglesia Católica, esta derogación es fruto del acuerdo firmado entre el Ejecutivo y la Conferencia Episcopal Española (CEE) el pasado mes de marzo. En aquel momento, ambas partes señalaban la existencia de “una voluntad compartida” de “equiparar el régimen fiscal” con el resto de entidades de la misma índole “conforme al principio de no privilegio y de no discriminación”.

Este jueves, el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, adelantaba que sería este viernes cuando el BOE recogería la eliminación de la antigua orden y que, un día después, esta entraría en vigor. Durante unas jornadas sobre los retos presupuestarios y reglas fiscales, Gascón no quiso mojarse en demasía y recordó que esta acción estaba precedida de un acuerdo “en derecho positivo” que dará certeza jurídica a los municipios y órganos gestores del gravamen.

Esta modificación supondrá que la Iglesia deje de ahorrar 16 millones de euros por este impuesto, cantidad insignificante atendiendo a que la recaudación de la entidad supera los 1.000 millones de euros al año. Además, tan solo con la exención del IBI, la confesión religiosa evita pagar cientos de millones de euros todos los años. Tampoco paga nada por los donativos, colectas o rendimientos de patrimonio, al contrario que otras instituciones, ámbito por el que factura mas de 300 millones anuales, aproximadamente. Además, percibe más de 200 millones anuales por IRPF, impuesto que paradójicamente no paga.

El privilegio que decaerá este sábado, explican desde el Gobierno, se aplicaba en cumplimiento del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, que reconocía la exención total y permanente de los impuestos reales o de producto, sobre la renta y sobre el patrimonio. Cuando se firmó este acuerdo con la Santa Sede no existía el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), aunque posteriormente se incluyó en la Orden del Ministerio de Hacienda de 5 de junio de 2001, por la que se aclaraba su inclusión.

"Este acuerdo supone que los ayuntamientos, que son los encargados de recaudar estos impuestos tanto el de licencia de obra como las contribuciones especiales, recaudarán más de 16 millones de euros al año; serán ingresos que tendrán los ayuntamientos y entidades locales", explicaba Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, en el momento del acuerdo. Después de "un año de negociación intensa y discreta", Bolaños aseguraba que se "terminaban los privilegios fiscales de la Iglesia católica española", realidad para la que aún falta mucho.