El Gobierno ha recuperado este martes las subastas de renovables, con el objetivo de impulsar definitivamente el despliegue de energías verdes en la próxima década. La totalidad de las empresas del sector, tanto las eléctricas tradicionales como los nuevos actores, están pendientes de la puja de renovables, la primera desde 2017.

La subasta pondrá en juego un total de 3.000 megavatios, de los que dos tercios están condicionados para la energía fotovoltaica y terrestre. La cantidad restante quedará a subastar sin restricciones tecnológicas. La última subasta de renovables en España, celebrada en julio de 2017, adjudicó más de 5.000 MW, de los que 3.909 MW fueron para instalaciones fotovoltaicas y 1.128 MW para instalaciones eólicas.

Ahora se pondrán a disposición de las energéticas 3.000 MW, con un máximo interés por parte del sector. Se prevé que acudan las grandes compañías como Endesa, Naturgy, Iberdrola o Acciona pero también nuevos actores como Forestalia o Repsol. El sector tampoco descarta la entrada de otros actores como desarrollares o empresas extranjeras.

Entre las grandes energéticas nacionales, José Bogas, consejero delegado de Endesa, ya ha asegurado en varias ocasiones que acudirán al proceso. En el caso de Repsol, su CEO Josu Jon Imaz no descartó el pasado mes de noviembre estar en las subastas como una vía complementaria para afrontar su previsión de crecimiento en renovables.

La subasta también es clave para Naturgy, como un vehículo importante para afrontar el desarrollo de sus metas de energía renovable, y para Acciona, que regresa a España para focalizar su negocio en la transición energética.

Ahorro para el consumidor

El modelo de subastas diseñado por el Ministerio para la Transición Ecológica tiene como objetivo trasladar al consumidor los ahorros derivados del despliegue de las nuevas instalaciones. Así, la puja se realizará a sobre cerrado y se adjudicará el producto subastado a las ofertas de menor cuantía, hasta alcanzar la cantidad establecida.

El plazo máximo de entrega de la energía será de 12 años para las tecnologías fotovoltaica, solar, termoeléctrica, eólica terrestre y marina e hidroeléctrica. Sin embargo, será tres años superior para las tecnologías de biomasa, biogás y biolíquidos.

Los participantes deberán presentar un plan estratégico con estimaciones de impacto sobre el empleo local y las oportunidades para la cadena de valor industrial, tanto a nivel local como regional y nacional. Además, deberán explicar las medidas relacionadas con la economía circular, como el final de la vida útil de sus equipos y la huella de carbono.

En los próximos cinco años, el Gobierno prevé subastar al menos casi 20 GW a través de estas subastas. Del total, la fotovoltaica contará con un volumen mínimo de 10 GW en los próximos seis años; seguida de la eólica, con 8,5 GW; la solar termoeléctrica, con 600 MW; la biomasa, con 380 MW, y otros 60 MW destinados a otras tecnologías como biogás, hidráulica o maremotriz, entre otras.